La Contraloría General de la República (CGR) presentó sus observaciones principales en relación con el presupuesto de la República formulado por parte del Poder Ejecutivo para el próximo año.
En su rol como sujeto fiscalizador, señalan que el proyecto de ley presentado por la suma de ¢12,4 billones, equivale al 23,6% del PIB de ese año. Lo que significa una rebaja de 2,1 puntos porcentuales del PIB si se compara con el presupuesto inicial del 2024.
Esta rebaja se relaciona con un decrecimiento en la propuesta de gasto para 2025 de 1,9% respecto a la ley de presupuesto de 2024 comportamiento que no se observaba desde 2020 y que responde principalmente al menor monto presupuestado en amortización
No obstante, agregan que para el año 2025 supone un periodo de “retos y oportunidades para la gestión y administración de los presupuestos”.
Esto en relación a aspectos como la transparencia del uso de los recursos públicos, un replanteamiento de la visión integral de la aplicación de la regla fiscal, la búsqueda de resultados positivos en los principios presupuestarios y una reducción de la brecha entre ingresos y gasto.
“Las expectativas económicas y fiscales para 2025 presentan desafíos para la administración pública, debido a que a pesar de que se registra una reducción del gasto total en relación con el PIB, el menor crecimiento del gasto primario y la existencia de faltantes presupuestarios podrían ejercer presión sobre la prestación de servicios públicos”, señaló el ente contralor.
Asimismo, achacan los diferentes recortes a la inversión social y a las transferencias corrientes que el Estado debe girara a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tanto para el seguro de salud como para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
“Se evidencia en la asignación presupuestaria incluida en el Proyecto de Presupuesto 2025 para la CCSS, la cual es menor en ¢459 millones que las respectivas estimaciones realizadas previamente por dicha entidad”, dice el informe DFOE-FIP-MTR-00052-2024.
