Contraloría encuentra riesgos de corrupción en registro de medicamentos

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que el Ministerio de Salud opera bajo un “incumplimiento generalizado” en el control e integridad del trámite de registro sanitario de medicamentos, provocando un alto nivel de desprotección institucional y vulnerabilidad ante eventuales actos de corrupción.

De acuerdo con el reporte de fiscalización especial DFOE-BIS-IAD-00003-2026, el máximo ente rector de la salud en Costa Rica carece de evaluaciones formales de riesgo de integridad, no aplica controles a conflictos de interés y mantiene una elevada concentración en la asignación de expedientes dentro de un mercado farmacéutico valuado en $900 millones anuales.

La fiscalización, que abarcó los trámites gestionados entre el 1° de enero de 2024 y el 30 de junio de 2026, evidenció que la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario procesó 14.266 solicitudes provenientes de 190 empresas solicitantes sin contar con un sistema de prevención de conductas ilícitas.

“El Ministerio opera con puntos ciegos respecto de cuáles eventos de corrupción, fraude, conflicto de interés, influencia indebida o trato diferenciado podrían afectar sus procesos, en qué etapas podrían materializarse; qué actores y factores de riesgo y vulnerabilidades los favorecen; cuál es su probabilidad e impacto potencial; qué controles existen para prevenirlos o detectarlos; y qué nivel de riesgo residual permanece después de esos controles”, señala el informe.

Asimismo, el informe advierte que dejar el procedimiento expuesto a la discrecionalidad administrativa “desplaza la salvaguarda del interés público y deja el trámite desprovisto de barreras preventivas y mecanismos de defensa“.

Pocos funcionarios con muchas responsabilidades

El análisis de la plataforma tecnológica “Regístrelo” sacó a la luz severas distorsiones en la carga laboral. Aunque la institución cuenta con 56 personas evaluadoras, solo 9 funcionarios concentraron el 50,9% de todas las solicitudes de registro (7.255 gestiones), lo que representa un promedio de 806 trámites por evaluador.

A esto se suma la repetición sistemática de revisiones hacia un mismo usuario comercial. Por ejemplo, el informe documenta el caso de una empresa que ingresó 132 solicitudes, de las cuales 68 (el 51,5%) terminaron asignadas a un único funcionario. En otra compañía con 326 trámites, un solo evaluador resolvió 108 (33,1%).

En la etapa inicial de validación documental, el sesgo fue aún más pronunciado: 3 de los 8 validadores tramitaron el 88,3% de los expedientes (3.129 casos por persona).

La falencia informática y de control es tal que el propio Ministerio de Salud tuvo que solicitarle al desarrollador privado del sistema “Regístrelo” el listado con los nombres de los funcionarios validadores, pues la entidad carecía de ese registro interno.

Inexistencia de filtros éticos

En materia de transparencia del personal, la CGR constató que el Ministerio no exige declaraciones juradas de conflictos de interés por parentesco o vínculos societarios, confiando únicamente en reportes voluntarios sustentados en un código de ética.

Además, de 146 funcionarios que integran la Dirección de Regulación, apenas 4 presentan Declaración Jurada de Bienes ante la CGR, y lo hacen por jefaturas o puestos anteriores, sin que se haya analizado el perfil de riesgo de sus cargos actuales.

“Estas deficiencias podrían comprometer la integridad del trámite; no solo conducen a la no implementación de controles, sino que elevan el riesgo de presentarse otorgamientos improcedentes, pérdida económica, afectación a los derechos de las personas, ventajas competitivas indebidas, pérdida de confianza pública, responsabilidad administrativa, civil o penal de las personas involucradas”, reza el texto.

Para frenar estas vulnerabilidades, la CGR fijó plazos imperativos de acatamiento obligatorio para las autoridades del Ministerio de Salud. La entidad deberá oficializar los manuales de procedimiento e incluir puntos de control en “Regístrelo” a más tardar el 15 de diciembre de 2026.

Además, tendrá tiempo hasta el 30 de noviembre de 2026 para implementar un mecanismo de prevención de conflictos de interés y hasta enero de 2027 para completar la valoración formal de riesgos y el análisis de perfiles sujetables a declaración patrimonial.

Este medio intentó conocer una reacción por parte de la cartera ante lo señalado por el ente contralor, sin embargo, de momento no se ha tenido respuesta.