La Contraloría General de la República (CGR) emitió una serie de cuestionamientos al proyecto de ley que busca establecer que la Junta de Protección Social (JPS) entregue un subsidio para los vendedores de lotería, quienes se han visto afectados por la baja en las ventas durante la época de la pandemia.
Se trata del proyecto de ley 21.870, que es impulsado por el legislador social cristiano Erwen Masis.
“La fuerza de ventas y de trabajo de la JPS son aproximadamente 1.900 personas que día con día salen a vender lotería, chances u otros productos de la Junta. Al suspender los sorteos, se suspende el ingreso de las cuotas con las cuales subsisten las personas vendedoras de lotería, es decir, se suspende el ingreso para 1.900 núcleos familiares que deben seguir pagando servicios básicos, alquiler de vivienda y alimentación”, justifica la iniciativa.
AFECTACIÓN
DIARIO EXTRA ha informado en varias ocasiones que, según la propia institución las ventas producto de la crisis sanitaria han disminuido, inclusive se replantearon los planes de sorteos y se cambiaron los formatos de las loterías impresas.
Según el presupuesto institucional para el año 2022, se proyecta una caída en los ingresos por venta de productos de la suerte de casi ¢14 mil millones.
“Cabe resaltar que el 55 % de las personas vendedores de lotería son personas adultas mayores, otro gran segmento corresponde a jefas de hogar que dependen en su totalidad de estos ingresos”, agrega el texto de la propuesta.
Según Masis, la idea es que los vendedores no queden desprotegidos en medio de la crisis, el dinero del subsidio sería tomado del superávit institucional.
VALORACIONES
La CGR pide que se tome en cuenta si la institución tiene la capacidad de hacer frente al subsidio.
“La JPS debe contar con un estudio o análisis reciente que permita determinar la condición socio-económica de cada una de las personas que conforman el grupo de vendedores de lotería registrados, con el propósito de contar con elementos objetivos que permitan conocer la verdadera situación
de los presuntos beneficiarios, para así valorar la efectividad de las ayudas pretendidas”, menciona la Contraloría.
El órgano supervisor señala que la iniciativa no dice cuánto es el monto del superávit que se destinaría para los subsidios.
“Se recomienda analizar si con la promulgación del presente proyecto de ley se van a ver desatendidas necesidades de la misma u otras poblaciones que también requieren de prestaciones de esta naturaleza, partiendo de los fines que compete atender a la Junta de Protección Social y que claramente se vinculan con fortalecer el bienestar social de la población”, describe el análisis.
Actualmente, la iniciativa se encuentra a esperas de que sea convocada para su discusión en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.