
Una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 10 instituciones estatales y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) utilizaron de forma “ilegítima” la figura de contratación directa para evadir licitaciones públicas.
La ley permite contrataciones directas entre entes públicos solo si la entidad contratada ejecuta el trabajo por sí misma. Sin embargo, el ICE actuó como un intermediario comercial, subcontratando a empresas privadas para realizar el desarrollo técnico, proveer hardware y dar mantenimiento, lo cual desvirtúa la excepción legal, según la CGR.
La CGR detectó que estas alianzas estratégicas con privados permitieron que terceros asumieran la ejecución sustancial de los proyectos, reduciendo la participación del ICE a labores administrativas.
Las 10 instituciones involucradas:
Las órdenes de la Contraloría:
Las entidades deberán ajustar sus mecanismos de control y gobernanza para asegurar que cualquier futuro acuerdo comercial respete la naturaleza técnica y financiera de las alianzas estratégicas.