La Contraloría definirá el futuro de la polémica póliza de responsabilidad civil que el Gobierno pretende contratar para proteger a sus ministros.
“La determinación de si una específica póliza de seguro puede ser cubierta con fondos públicos es un aspecto cuyo pronunciamiento corresponde a la Contraloría”, señala un criterio de la Procuraduría General de la República.
El Ejecutivo pretende pagar para indemnizar posibles errores o faltas que se cometan en el ejercicio profesional. Además protege al funcionario en caso de que se declare responsable por causar daños a un tercero, ya sea a la persona o a sus bienes.
Hacienda presupuesta pagar como prima por el servicio más de ¢248 millones, sin embargo, el ente contralor señala que carece de sustento legal.
“Cualquier cobertura financiada con fondos públicos, cuyo beneficiario directo sea el funcionario en lo personal, carece de sustento legal, pues desvirtúa el régimen de responsabilidad administrativa, según el cual cada funcionario debe responder por sus actos en el ejercicio de sus funciones”, señala la Contraloría.
