
Tras el anuncio del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) sobre el contrato que se realizó de urgencia e involucra a las personas con monitoreo electrónico, la Contraloría General de la República (CGR) dio el aval de la adjudicación de la Licitación Pública Internacional N.º 2022LI-000001-0006900001 para el “Arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad (conocida como la contratación de las tobilleras)”.
A mediados de febrero, el MJP informó que la institución comunicó la contratación de urgencia debido a que el actual convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) vence en marzo.
En aquel momento el ministro de Justicia, Gerald Campos, dijo que debían continuar prestando el servicio de monitoreo electrónico.
“Aquí ya de índole judicial nos ordenan como una medida cautelar tener activo el monitoreo y hay que seguir brindado el servicio”, declaró.
La empresa a la que se le adjudicó el servicio es Consorcio para el Monitoreo de Personas en C.R. por un plazo de 48 meses, cuyo precio ofertado por tobillera es $5,99 (¢3.600), es decir, casi la mitad del costo que se paga por el actual contrato con la ESPH.
Durante el proceso hubo tres recursos de apelaciones, los cuales la CGR declaró sin lugar.
Campos afirma que esto es de beneficio para el país por el precio que tienen.
“Me siento muy complacido por esta decisión de la Contraloría General de la República, es el pueblo de Costa Rica quien gana con un contrato que le costará un 50% menos a los costarricenses. Desde el Ministerio de Justicia y Paz garantizamos una migración al nuevo sistema en completo orden, seguridad y transparencia”, finalizó el jerarca.