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Una línea de crédito por hasta $500 millones que el Gobierno pretende contratar con la Corporación Andina de Fomento (CAF) tendría costos financieros superiores a los de algunas emisiones de deuda realizadas en el mercado interno, según advirtió la Contraloría General de la República (CGR).
El señalamiento se realizó durante la discusión del expediente legislativo 25.627 en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde el órgano fiscalizador también solicitó establecer reglas claras para utilizar los recursos y evaluar las alternativas de financiamiento disponibles.
“Las decisiones en torno al endeudamiento deben ser analizadas de manera integral, considerando las diferentes opciones de financiamiento a las que el Gobierno tiene acceso, buscando dar prioridad a las que impliquen menores costos”, manifestó Julissa Sáenz, gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR.
La operación busca ofrecer financiamiento preventivo cuando el país enfrente dificultades para acceder a los mercados de capitales o necesite atender emergencias provocadas por fenómenos climáticos extremos.
El financiamiento para gestión de deuda contempla una tasa variable estimada en 5,87% anual, mientras que el componente de emergencias climáticas alcanzaría un 6,17%, según las condiciones actualizadas al 17 de noviembre de 2026.
Para comparar los costos, la Contraloría utilizó tasas equivalentes calculadas mediante la metodología swap, que permiten contrastar el préstamo variable con instrumentos de tasa fija.
En las colocaciones internas a siete años, Hacienda obtuvo rendimientos máximos de entre 5,48% y 5,60%, frente al 5,84% equivalente del crédito con CAF. Para 20 años, el mercado interno registró un 6,19%, mientras la operación propuesta alcanzaría un 6,40%.
“Si comparamos los rendimientos máximos asignados en el mercado interno con las tasas equivalentes, en ambos plazos se observa que las tasas del crédito resultan más onerosas que las tasas del mercado interno”, explicó Sáenz.
La funcionaria también mencionó préstamos de otros organismos internacionales que ofrecen tasas menores. Entre ellos figuran operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial con condiciones cercanas al 4,92% y 4,95%.
Desembolsos no garantizados
La línea propuesta sería “contingente, revolvente y no comprometida”, es decir, que podría utilizarse ante determinadas necesidades y recuperar disponibilidad conforme se pague el capital, pero su aprobación no asegura que el Gobierno reciba los desembolsos solicitados.
“Con respecto a la característica de no comprometida, se desprende del texto del convenio que la CAF no queda obligada a aprobar las solicitudes de desembolso que el Gobierno le presente”, señaló Sáenz.
La Contraloría pidió precisar las circunstancias que permitirían activar el financiamiento para gestión de deuda. El convenio establece que Hacienda deberá justificar la falta de acceso a condiciones adecuadas de mercado y demostrar que responde a causas externas al manejo fiscal y monetario.
Para las emergencias climáticas se exige una declaratoria mediante decreto ejecutivo. Sin embargo, el órgano fiscalizador considera necesario establecer criterios para valorar otras fuentes de financiamiento, especialmente las que ofrecen condiciones concesionales.
La CGR también señaló que la regulación nacional contempla las líneas de crédito principalmente como instrumentos de liquidez de corto plazo, mientras que el proyecto incluye financiamiento con plazos mayores.
“En el caso particular del instrumento que se indica en este proyecto, se recomienda precisar normativamente las condiciones de activación para el desembolso de recursos en cada uno de los objetivos de la línea de crédito”, agregó Sáenz.
La Contraloría solicitó evaluar el proyecto junto con otras operaciones crediticias previstas por Hacienda, cuyo plan de financiamiento contempla $3.150 millones en préstamos de apoyo presupuestario, incluida esta línea con CAF.
El análisis debe considerar que las proyecciones oficiales mantienen la deuda del Gobierno por encima del 60% del producto interno bruto (PIB) durante el periodo 2026-2031.
Sáenz también cuestionó la acumulación de recursos líquidos superiores a la reserva del 1% del PIB definida por Hacienda, debido a que parte de esos fondos proviene de operaciones de deuda que generan intereses.
“Es importante tener presente que la liquidez acumulada en las cuentas fiscales tiene una incidencia en el nivel de deuda. De haberse mantenido en 1% durante el último ejercicio y lo transcurrido del actual, la deuda se hubiera ubicado en niveles inferiores al observado”, afirmó.
El órgano contralor recomendó aprovechar los recursos disponibles en el sistema de cuentas del sector público para sustituir endeudamiento y reducir costos financieros.
Condiciones del préstamo
La operación contempla hasta $500 millones para apoyar la gestión de deuda y un componente de hasta $250 millones para emergencias climáticas, dentro de los límites establecidos en el convenio.
El financiamiento para gestión de deuda tendría un plazo de siete años y 18 meses de gracia. El componente climático contempla 20 años de plazo y seis años de gracia.
Además, se establece un gasto de evaluación de $25.000, pagadero una sola vez a más tardar con el primer desembolso.
La presentación técnica estuvo a cargo de Julissa Sáenz, mientras que Bernal Aragón, subcontralor general de la República, encabezó la delegación institucional ante los diputados.
El expediente 25.627 autorizaría una línea contingente de hasta $500 millones, con tasas variables actualizadas de 5,87% para gestión de deuda y 6,17% para atención de emergencias climáticas.
