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Un saldo de ¢1,8 billones en el Fondo General mantiene los recursos públicos por encima de las reservas de liquidez previstas por el Ministerio de Hacienda, mientras la deuda del Gobierno continúa creciendo y genera mayores obligaciones por intereses.
La Contraloría General de la República (CGR) expuso esta situación ante los diputados que analizan el expediente 25.422, correspondiente a un préstamo de €264,1 millones, equivalentes a aproximadamente $291 millones, contratado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
“Esta acumulación de liquidez observada desde septiembre de 2025 ha contribuido a mantener el saldo de la deuda por encima del 60% del PIB con el respectivo pago de intereses asociado, esto pese a la disponibilidad de recursos del sistema de cuentas del sector público como fuente alternativa de financiamiento”, explicó Julissa Sáenz Leiva, gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR.
El saldo disponible en el Fondo General representaba el 3,8% del producto interno bruto (PIB) a octubre de 2026, frente al nivel de reserva del 1% establecido por Hacienda en su Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La funcionaria señaló que reducir los excedentes permitiría disminuir las necesidades de financiamiento y contener los costos asociados a la deuda pública. Una mayor liquidez representa el desembolso de los recursos de diversos préstamos que tiene el país, por los cuales se pagan intereses y comisiones.
La deuda del Gobierno alcanzó el 61,5% del PIB en setiembre de 2026, mientras que las nuevas estimaciones de Hacienda proyectan un aumento hasta el 61,9% al cierre del año y el 63,8% en 2031.
El comportamiento contrasta con las proyecciones anteriores, que contemplaban una disminución progresiva del endeudamiento y una mayor estabilidad de los ingresos tributarios.
“La reducción sostenida de la carga tributaria ha contribuido al deterioro del resultado financiero del gobierno, que presenta un déficit cada vez mayor, pese a la contención del gasto público, cuyo margen de ajuste es cada vez más limitado”, advirtió Sáenz.
La recaudación tributaria acumulada a octubre equivale al 10,2% del PIB, una disminución de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025.
La Contraloría indicó que esta tendencia se mantiene desde 2023 y contribuye al deterioro del resultado financiero, pese a que el Gobierno continúa registrando superávits primarios.
También señaló que los vencimientos de deuda previstos entre noviembre de 2026 y marzo de 2027 suman ¢578 mil millones, aproximadamente ¢1,2 billones menos que los recursos disponibles en el Fondo General.
Préstamo con el BIRF
El crédito sometido a aprobación legislativa busca apoyar la gestión fiscal y la transición hacia una economía verde, mediante recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública.
La operación establece un plazo de 33,5 años, seis años de gracia y un periodo de desembolso de hasta dos años.
La tasa de interés se calcula utilizando la Euríbor a seis meses más un margen variable. Aunque inicialmente se estimó en 3,57%, la actualización de octubre la ubica en aproximadamente 4,46%.
El préstamo también contempla una comisión inicial del 0,25% sobre el monto contratado y otra comisión anual del 0,25% sobre los recursos pendientes de desembolsar.
“Respecto de este crédito, se estima que al cierre de la primera quincena de noviembre de 2026, el monto acumulado por concepto de comisiones de compromiso podría superar los $500.000. El cobro de esta comisión se haría efectivo en caso de llegarse a aprobar el proyecto”, explicó Sáenz.
Pese a estas obligaciones, el órgano contralor reconoció que las condiciones financieras del préstamo resultan más favorables que las obtenidas en determinadas colocaciones realizadas por Hacienda en el mercado interno.
Ajustes al proyecto
La Contraloría recomendó modificar el texto legislativo para garantizar que los recursos del préstamo sustituyan fuentes de financiamiento previamente autorizadas, en lugar de ampliar el monto total de endeudamiento.
También solicitó actualizar el dictamen del Banco Central, considerando los cambios registrados en la situación fiscal desde la evaluación inicial del crédito.
En materia ambiental, pidió establecer mecanismos que permitan medir los resultados de las acciones dirigidas a promover una economía verde y resistente al cambio climático.
“Los créditos de apoyo presupuestario constituyen una herramienta relevante para atender las necesidades de financiamiento del gobierno. No obstante, su utilización excesiva podría generar presiones sobre la sostenibilidad de la deuda pública y propiciar una acumulación de liquidez superior a las necesidades efectivas de financiamiento”, manifestó Sáenz.
El préstamo en discusión asciende a €264,1 millones y contempla una comisión inicial equivalente a €660.250, además de los intereses y las comisiones sobre saldos no desembolsados.
Expediente 25.422
Nogui Acosta
Diputado PPSO
“La Tesorería del Ministerio de Hacienda es conservadora con los recursos que puede utilizar. Depende de las necesidades de las instituciones. El 1% tiene que ver con los recursos propios del ministerio y el restante son las necesidades de las instituciones. Hay que hacer una valoración más profunda porque depende de las condiciones del mercado”.
Ángela Aguilar
Diputada PLN
“El tema fiscal son dos elementos: el ingreso y el gasto. Nos hemos estado enfocando en la reducción del gasto del Gobierno, pero es muy importante empezar por generar más recursos; hay muchos impuestos y la recaudación ha bajado. Tenemos que fortalecer las acciones para mejorar los ingresos y establecer una solución al déficit fiscal, el país no puede seguir aumentando la deuda”.

