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La Contraloría General de la República (CGR) anuló la adjudicación del contrato entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Coopesana para la administración de 8 Ebais.
Esto luego de declarar la nulidad de una apelación con la que se pretendía dejar en firme la contratación.
El acuerdo era para la atención en el Área de Salud San Francisco-San Antonio, en Desamparados, por un monto mensual de ¢260 millones.
Se trata de la adjudicación 2023LY-000002-0001101142, impulsada por la CCSS, ante la cual se abrió la investigación por el Caso Barrenador.
En el caso judicial se detuvo a 8 directivos de la Caja, incluyendo a la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, por otorgar contratos por un sobreprecio de ¢12.400 millones para que 5 cooperativas administren 138 Ebais.
Este era el único contrato que se encontraba pendiente de resolver, luego de que la CGR confirmara que los restantes 9 ya estaban en firme.
El ente contralor sustentó la denegatoria de apelación ante la falta de estudios técnicos que sustentaran la razonabilidad de los montos fijados.
“Como parte de la motivación del acto no consta un estudio técnico en el que se concluya que los precios son razonables, dado que el criterio utilizado como sustento de la adjudicación, se limitó a comparar los precios recibidos, con el costo que representa para la CCSS prestar el servicio directamente”, explica la Contraloría en su resolución.
“Adicionalmente se determinó, que la apelante presenta un incumplimiento al no haber aportado un cuadro con el desglose de los rubros que componen su ofertas, según lo requería el pliego”, continuó el fallo.
Al haberse anulado el acto de adjudicación dictado, la Administración deberá tomar las decisiones que correspondan, en acatamiento de lo resuelto por el ente contralor.
Luego de la detención de los 8 directivos de la Caja, incluída Marta Esquivel, el 23 de setiembre, se realizó la audiencia de medidas cautelares, solicitada por el Ministerio Público.
Los imputados fueron puestos en libertad el 24 de setiembre para continuar con las audiencias.
Tras días de audiencias, el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, decidió suspender a Marta Esquivel y a otros cuatro directivos por 6 meses.
La resolución llegó el 10 de octubre.
Además de la presidenta de la Caja, también se impusieron medidas a los funcionarios de apellidos Camareno, Gómez, Rojas y Gutiérrez.
Además del cese del puesto, el Juzgado Penal anunció otras medidas cautelares a los implicados, las cuales son:
El plazo de la suspensión de seis meses aplica del 10 de octubre de 2024 al 6 de abril de 2025.
