Contraloría alerta sobre menor capacidad de fiscalización por presupuesto

La Contraloría General de la República (CGR) alertó que la reducción real de su presupuesto desde 2013 afecta su capacidad para atender a la ciudadanía, asesorar al Congreso y fiscalizar contrataciones públicas, según expone en su Memoria Anual 2025.

La institución advierte que podría perder capacidad para atender denuncias, afectar procesos de fiscalización, sufrir fuga de personal y limitar su infraestructura tecnológica.

En 2025 el presupuesto de la Contraloría en términos reales fue de ¢20.824 millones, menos que los ¢23.562 millones de 2020. Según el documento, esta situación se agrava al comparar el crecimiento del presupuesto de la entidad con el del resto de instituciones del Estado.

El presupuesto “en términos reales” significa cuánto alcanza realmente el dinero después de tomar en cuenta el aumento en los precios. Aunque el presupuesto se mantenga igual o suba un poco, si todo está más caro, ese dinero alcanza para comprar menos bienes y servicios.

Salvador Padilla

Diputado del PLN

“Así como la Contraloría exige resultados al resto de instituciones públicas, también debe rendir cuentas, mejorar sus tiempos de respuesta y demostrar eficiencia creciente”

Manuel Martínez

Gerente Gestión de Apoyo de la CGR

“Otras amenazas que atentan contra la continuidad del servicio son la asignación de funciones adicionales sin la aprobación de recursos”

Roberto Rodríguez

Gerente Contratación Pública

“Para atender el incremento en el ingreso de recursos de objeción y apelación en contratación pública, la CGR a ha impulsado el uso de herramientas de inteligencia artificial”.

Manuel Martínez, gerente de la División de Gestión de Apoyo y Sostenibilidad Financiera de la institución aseveró que, por disposición del Ministerio de Hacienda, el presupuesto de la Contraloría creció apenas 1,91% en los últimos años. El área más golpeada por la falta de recursos es el capital humano. Por la naturaleza de sus servicios, el 91,50% del presupuesto institucional se destina al pago de salarios. Además, la CGR alega que enfrenta severas limitaciones que le impiden aplicar ajustes salariales de carácter técnico a su personal desde 2015. 

“Esto ha generado brechas salariales en las remuneraciones de la Contraloría, un 20% menores en promedio que la de los otros poderes del Estado, impactando la competitividad y provocando creciente rotación del talento humano”, aseguró Martínez en declaraciones a Grupo Extra.

Consultas de la Asamblea incrementaron

Pese a la situación, la CGR asegura que sigue asumiendo una fuerte carga de trabajo como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. En 2025, la entidad recibió 263 solicitudes de asesoría sobre proyectos de ley, lo que representó un aumento del 8,86% respecto al año anterior. También emitió criterios técnicos vitales para advertir a los diputados sobre riesgos en el manejo de las finanzas públicas.

En ese mismo espacio legislativo, la Contraloría ha alertado sobre su situación financiera.

“Se ha informado al parlamento mediante dos mecanismos: el informe de labores, que va junto con la memoria institucional y también mediante audiencias a las que es convocada para exponer el presupuesto institucional”, aseguró Maritza Sanabria Masís, jefa de la Unidad de Gobierno Corporativo de la CGR.

Capacidad operativa al límite

Según el informe, la falta de fondos también compromete la infraestructura tecnológica, un pilar fundamental, puesto que hoy en día, la instancia depende críticamente de la tecnología para hacer frente a la demanda de servicios.

Un ejemplo claro es la atención ciudadana. Durante 2025, la CGR experimentó un significativo aumento del 70,58% en la recepción de denuncias sobre presuntos usos irregulares de fondos públicos. 

Rafael Picado, gerente de Investigación para Denuncia Ciudadana de la institución, señaló que este volumen solo pudo ser atendido gracias al esfuerzo del personal y a la automatización de tareas, aunque advirtió que el aumento de la demanda de estos servicios desbordaría la capacidad de la institución.

“Sin embargo, para este 2026 se observa un aumento de un 20% adicional en comparación con el 2025, lo cual excedería la capacidad operativa de la Contraloría y podría incidir en los demás procesos de fiscalización”, advirtió Picado.

De manera similar, en el área de contratación pública, la institución recurre a herramientas de Inteligencia Artificial para poder hacer frente al incremento masivo en el ingreso de recursos de objeción y apelación.