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Un nuevo bache pone en riesgo los sistemas de transporte público del país, pues, según el reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), las concesiones de bus podrían estar expuestas a una débil fiscalización y a tratos preferenciales a ciertas empresas.
Según el texto, este panorama se debe a que el Consejo de Transporte Público (CTP) posee bajos niveles de control que eviten la corrupción tanto dentro de los procedimientos como en la propia institución.
“Se han identificado debilidades sobre este tema, dado que el CTP no cuenta con un encargado dentro de la institución, responsable de supervisar el funcionamiento y el cumplimiento del modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control establecidos”, señala el texto emitido por el ente contralor.
Sumado a ello, el informe señala una ausencia en la división de roles de trabajo, lo que permite la “separación de funciones incompatibles y posibles conflictos de interés, ni de las cargas de trabajo, recargo de puestos y concentración de funciones como riesgos de actuaciones fraudulentas o corruptas, tanto en sus procesos de apoyo como sustantivos”.
La CGR además indicó que esto podría afectar a los usuarios de autobús, ya que se debilita la confianza ciudadana, así como la seguridad de los costarricenses al utilizar los sistemas de transporte público.
Entre las personas que denuncien malos tratos o servicios, o bien, situaciones mayores ocurridas en los autobuses, el CTP no podría asegurar que se garantice el apoyo a los usuarios, pues no se cuentan con medidas de protección para testigos. “Se determinó que, como parte de las actividades de control relacionadas con la regulación del transporte público, por ejemplo, en el otorgamiento de concesiones o permisos, no se han establecido políticas o lineamientos para prevenir la corrupción”, agrega el documento.
Diario Extra intentó conocer la posición del CTP, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta oficial.