
El eventual freno a los aumentos en el valor fiscal de los vehículos, que incidiría directamente en el monto del marchamo, encendió las alertas sobre su impacto en las finanzas públicas.
El proyecto de ley 24.724, que busca impedir “cobros abusivos” en el impuesto a la propiedad, fue cuestionado por la Contraloría General de la República, al advertir un deterioro en la recaudación.
“Conduce a un deterioro de la recaudación fiscal en comparación con la metodología que actualmente se aplica. De aprobarse, se deberá valorar pensar su impacto mediante el fortalecimiento de otras fuentes ordinarias de ingresos a fin de preservar la sostenibilidad de las finanzas y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía”, detalló Acosta.
Desde la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público, el diputado Eliecer Feinzaig defendió el cambio y cuestionó el esquema vigente.
“El marchamo en Costa Rica es una vulgaridad la forma en que se cobra, vean el milagro, ahora en el 2025, ¿cómo? No tengo la menor idea, se recaudaron ¢227 mil millones, en parte por las arbitrariedades de Hacienda”, agregó
El expediente 24.724 modifica la Ley 7088 para redefinir el hecho generador y la base imponible del impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones.
Establece que el valor base será el que resulte tras aplicar la depreciación y prohíbe al Ministerio de Hacienda incrementar, de un período fiscal al siguiente, el valor asignado a un bien.
La propuesta fija reglas diferenciadas para vehículos nuevos de primer ingreso, usados de primer ingreso y la flota circulante previa a la Ley 10.390.
En todos los casos, la base imponible determinada se mantendrá durante la vida útil del bien, aplicando únicamente el factor de depreciación correspondiente, e incluye disposiciones transitorias para ajustar valores y ordenar su reglamentación en un mes.
No obstante, desde el Oficialismo cuestionan que dicha iniciativa solo beneficiará a las personas más adineradas.
Según Pilar Cisneros, el cambio en el esquema de cálculo impactaría principalmente la billetera de las personas que poseen carros de lujo, dejando de lado a los costarricenses de escasos recursos y ayudando en poca medida a la clase media.