Consumo de sustancias ilícitas en estudiantes se duplica

El consumo de sustancias psicoactivas no medicadas y no autorizadas por parte de estudiantes en los centros educativos del país superó los 50 mil casos entre 2022 y 2024, según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), que actualmente no cuenta con una actualización correspondiente al año 2025.

Según cifras suministradas por el Departamento de Análisis Estadístico, entre los años mencionados se registraron 50.361 casos, lo que representa un incremento cercano al 90% en comparación con el periodo 2018-2021, cuando se contabilizaron 26.546 casos.

Entre las sustancias reportadas, las de mayor consumo entre estudiantes son el alcohol, el tabaco, la marihuana, el vapeo y la cafeína.

No obstante, los registros también evidencian el uso de otras sustancias ilícitas, como alucinógenos, anfetaminas, barbitúricos, cocaína, crack y derivados del opio, aunque en menor proporción.

“Se trata de una llamada de alerta, no solo para el sector educativo, sino para la sociedad en general. Debemos ser conscientes de la alta circulación de este tipo de sustancias, lo que puede llevar a muchas personas, especialmente adolescentes, a tomar la decisión de consumirlas, tanto lícitas como ilícitas”, expresó José Miguel Chavarría, orientador y profesional en Ciencias Criminológicas.

El mayor registro se dio en 2023, cuando se contabilizaron 7.271 casos de estudiantes que consumieron cigarrillos electrónicos. En ese mismo año, el consumo de marihuana ocupó el segundo lugar, con 5.412 casos, mientras que en 2022 la sustancia con mayor prevalencia fue el alcohol, con 4.563 casos reportados.

“¿Qué nos dice esto? Que las conductas de riesgo seguirán existiendo. Sin embargo, lo fundamental es que logremos dotar a las personas jóvenes de herramientas para una adecuada toma de decisiones, de modo que puedan evitar involucrarse en este tipo de conductas de riesgo”, señaló Chavarría.

Este patrón predomina en las instituciones públicas, donde se concentra la mayor parte de los casos de consumo. No obstante, la situación también se presenta en centros educativos privados, aunque en una proporción menor.

¿Protocolos eficientes?

Aunque el MEP cuenta con protocolos para la atención de casos de consumo de sustancias en centros educativos, el experto advirtió que estos requieren mayor agilidad, seguimiento constante y una revisión integral para responder de forma efectiva a la magnitud del problema.

De acuerdo con el profesional en Ciencias Criminólogas, la atención debe diferenciarse según el nivel de afectación, por ejemplo, en la primaria que busca evitar en mayor media estas situaciones.

En los casos de prevención secundaria, cuando ya se identifica consumo en estudiantes específicos, es clave actuar de forma temprana y oportuna para evitar que la situación escale.

Mientras que, en la prevención terciaria, donde el consumo afecta a grupos más amplios, el reto es implementar estrategias que permitan restaurar el entorno educativo y brindar acompañamiento integral.

“El monitoreo periódico es fundamental desde el primer momento en que se detecta un caso. Sin embargo, lo que yo modificaría a nivel personal es que las atenciones sean más rápidas y eficaces, porque lamentablemente existen listas de espera en todo el sistema”, señaló.

Chavarría también hizo un llamado a las autoridades educativas para que se agilicen las respuestas institucionales. 

“Los recursos existen, pero muchas veces se ven limitados por temas presupuestarios. Es importante que los jerarcas revisen los protocolos actuales y que haya capacitaciones más constantes para el personal educativo”, indicó.

Asimismo, recalcó la necesidad de articular apoyos interinstitucionales, especialmente en situaciones complejas que trascienden el ámbito educativo.

En cuanto a los protocolos impulsados por la cartera, la Dirección de Vida Estudiantil detalló las acciones se desarrollan conforme a los “Lineamientos técnico-administrativos”, avalados por una comisión interinstitucional integrada por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Costarricense sobre Drogas  (ICD) y el MEP, la cual se encarga de coordinar esfuerzos y brindar acompañamiento y contactos a los centros educativos para la correcta implementación de los programas.