
La asociación Consumidores de Costa Rica presentó ayer una acción de inconstitucionalidad contra 19 artículos de la nueva Convención Colectiva de Recope.
Entre los puntos del documento se encuentra la sentencia de la Sala Constitucional que estableció que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) debe incluir los costos de la convención en la estructura tarifaria de los combustibles.
La acción pretende que la Sala Constitucional evalúe la Convención Colectiva desde un nuevo punto de vista, de manera que se tome en consideración la violación al artículo 46 la Constitución Política.
El cual establece la protección a los intereses económicos de los consumidores, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben tener las normas.
Algunos beneficios que se mantienen y que se objetan en la acción son que quien labore más de 10 años en Recope tiene derecho hasta seis semanas de vacaciones.
La queja de la asociación es que el Código de Trabajo establece dos semanas, y los empleados de Recope pueden gozar de hasta 30 días naturales de permiso con goce de salario en caso de nacimiento de hijos, matrimonio o fallecimiento de familiares con solo el permiso del gerente o el director de área.
Otra de las quejas de Consumidores es que Recope debe pagar ¢7 millones anuales para la compra de medicamentos y ¢39 mil para la compra de anteojos, entre otros.
“El gobierno engañó a los costarricenses con ese denominado acuerdo histórico para bajar el monto de la convención colectiva de Recope, los abusos se mantienen y somos los consumidores los que vía tarifa pagamos las consecuencias”, dijo Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica.
A diferencia de otros grupos, la asociación señaló que decidieron esperar a que entrara en vigencia la nueva Convención, para impugnar, pues no querían arriesgarse a que se declarara sin lugar.
“Los consumidores no deben sufragar con su dinero el peso de la Convención Colectiva de Recope, sea del monto que sea, debido a que no se considera un costo real en la prestación específica del servicio”, agregó Ulate.