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El Gobierno anunció los detalles de la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), conocido como “mega cárcel”, en los terrenos del complejo La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela.
Según informó el Poder Ejecutivo, el recinto tendrá capacidad para 5 mil privados de libertad de alta peligrosidad, bajo un sistema de “vigilancia extrema”.
“Ya podemos empezar la licitación, esta cárcel hay que tenerla lista para que cuando podamos fortalecer la justicia costarricense tengamos un lugar donde poner a las personas que no merecen estar en contacto con la gente decente”, afirmó el presidente Rodrigo Chaves.
El Ministerio de Justicia proyecta inaugurar el nuevo penal a finales de 2026. Será la prisión más grande y tecnológica del país, destinada a recluir a individuos de alto riesgo, incluidos líderes de grupos de crimen organizado y narcotráfico.
“Esto no fue humo, aquí estamos mostrándole al país que estamos haciendo cosas serias”, expresó Gerald Campos, jerarca de la cartera.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, la obra tendría un costo total estimado de $39 millones con IVA incluido, de los cuales ya existe un 40% del presupuesto asegurado.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminaron a favor la segunda modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para 2025, que incorpora ¢7.870 millones destinados a la construcción del centro.
Aún restarían cerca de $24 millones que deberán incluirse en el presupuesto del 2026 para completar el financiamiento.
Una vez que coloquen el primer bloque, Justicia calcula un plazo de 195 días para finalizar la obra.
El proyecto se construirá en alianza con El Salvador y emulará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), levantado en ese país bajo la administración de Nayib Bukele.
¿Quiénes irán al CACCO?
• Miembros del crimen organizado
• Reos violentos
• Personas que representen un riesgo para la seguridad institucional
• Extraditables
• Reos que requieran una protección especial
Fuente: Ministerio de Justicia