Tras una denuncia interpuesta por las propias autoridades del Consejo de Transporte Público (CTP), agentes de la sección Especializada de Tránsito del Organismo de investigación Judicial (OIJ) realizaron 10 allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la capital y Guápiles.
Estos operativos dejaron la detención de 6 personas, entre ellas dos funcionarias del CTP del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de apellidos Montero Carmona y Centeno Roda, quienes figuran como sospechosas del delito de concusión y falsedad ideológica por vender permisos falsos de transporte de estudiantes, turismo y porteo.
Se presume que los implicados generaron ¢120 millones aproximadamente.
Los allanamientos se realizaron en Quesada Durán, donde se capturó a Centeno. En Sagrada Familia se detuvo a Montero, quien a causa de los nervios por el operativo sufrió una crisis de presión alta y debió ser sacada de la vivienda en una ambulancia de Cruz Roja. En ambos casos se allanaron sus residencias.
Otros allanamientos se efectuaron en dos propiedades de un hombre de apellido Badilla, un plantel de buses en San Francisco de Dos Ríos y la casa de este, en San Pedro, Montes de Oca.
En esos lugares decomisaron varios permisos falsos y se determinó que en apariencia era uno de los que comercializaban los permisos, aliado con otro apellidado Herrera, a quien se detuvo en Hatillo 5.
En Guápiles y Tres Ríos se capturó a dos empresarios de apellidos Jiménez y Vargas, que en apariencia habían adquirido permisos falsos.
MODO DE OPERAR
En la investigación se determinó la participación de Montero y Centeno, en apariencia una de ellas sacaba los formularios institucionales y se los daba a su compinche, quien a su vez los entregaba a particulares encargados de comercializarlos con los dueños de líneas de buses o busetas.
Según el CTP, estos permisos eran adulterados para beneficiar a transportistas que decidieron saltarse los procedimientos legales e incluso llegar a pagar desde ¢500 mil hasta ¢1,5 millones, dependiendo del permiso.
LA DENUNCIA
Las investigaciones contra estas personas se iniciaron en febrero de 2012, tras las sospechas de actos ilegales a lo interno de la sede regional del CTP en Cartago.
Silvia Bolaños, viceministra de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, comentó a DIARIO EXTRA que se efectuaron controles internos y se confirmó la desaparición de 160 formularios utilizados para emitir los permisos ya citados, los cuales la Policía de Tránsito encontró en la calle.
Bolaños agregó que a raíz de esto la primera denuncia, interpuesta en febrero de ese año, después de las pesquisas fue ampliada con más evidencia.
MANIOBRAS
Según el CTP, ante estos hechos tomaron medidas para controlar la situación. En agosto de 2012 sustituyeron toda la papelería utilizada para el otorgamiento de los permisos por otra con características diferentes, como cambios de sellos y más medidas de seguridad.
Además se suspendió la emisión de permisos en las oficinas regionales del CTP en Cartago, por eso actualmente solo se expiden para porteadores dos veces a la semana.
Las investigaciones en torno al caso continúan. Los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.