Congreso mantuvo discusión del presupuesto luego de orden de la Sala Constitucional
Sala IV ordenó suspender el segundo ebate
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La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, sometió a discusión en segundo debate el proyecto de presupuesto nacional para 2027, pese a que el Plenario ya había recibido la notificación de una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional que ordena suspender el segundo debate del expediente.
La decisión generó controversia debido a que la Sala Cuarta ordenó al Congreso abstenerse de aprobar el expediente 25.754 en segundo debate antes del próximo 29 de noviembre.
Sin embargo, el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, defendió la continuidad de la discusión al asegurar que la resolución judicial únicamente impide realizar la votación definitiva.
«Hay que separar el tema de la discusión del tema de la votación y lo único que resuelve la medida cautelar es que no se puede votar el presupuesto en segundo debate. Podemos agotar la discusión, no tiene sentido detener la discusión si hay un plazo perentorio para poder hacer la votación», manifestó Acosta a Grupo Extra.
El legislador insistió en que el oficialismo pretende avanzar con las intervenciones de los diputados y dejar pendiente únicamente la votación.
«No tendría lógica que no discutamos y que reservemos la votación para el 29 de noviembre», agregó.
Oficialismo rechaza exigencia de 38 votos
Acosta también rechazó la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que se requiere una mayoría calificada de 38 votos para apartarse de su criterio cuando se afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
El jefe de fracción oficialista defendió que el presupuesto nacional tiene un procedimiento particular y que no corresponde aplicarle esa exigencia.
«El presupuesto se aprueba con 29 votos, la mitad más uno de los presentes, así que calificar la votación sería abiertamente inconstitucional porque estaría poniéndole una característica particular a un proyecto que no es un proyecto normal, sino que es un proyecto presupuestario que tiene una discusión diferente a un proyecto de ley normal», afirmó.
La medida cautelar fue solicitada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, ante las restricciones presupuestarias que, según ese Poder de la República, podrían comprometer su funcionamiento durante 2027 y luego de una reunión con la presidenta de la República Laura Fernández, quien se comprometió a instalar una mesa técnica para revisar las normas de ejecución presupuestaria.