Con 33 votos a favor, los diputados aprobaron otorgar una amnistía a aquellos pozos que no se encuentren debidamente registrados ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), pese al freno de la Sala Constitucional.
El texto, propuesto por el entonces legislador Eduardo Cruikshank, da un plazo de tres meses a aquellos dueños de propiedades para registrar las perforaciones realizadas sin permisos de la Dirección de Aguas de esa cartera.
Según los congresistas, el objetivo de esta ley es proteger a los pequeños emprendedores de melón y sandía, principalmente, sin embargo, la fracción del Frente Amplio (FA) tiene una visión diferente. “No se dio una corrección adecuada de los señalamientos principales de la Sala Constitucional sobre las medidas ambientales por las cuales este proyecto era inconstitucional.
Entra en un grave conflicto con el artículo 50, que garantiza un ambiente sano y equilibrado, también el acceso al agua potable como un derecho fundamental”, comentó la diputada del FA, Priscila Vindas.
En marzo de 2023 la Sala IV informó que dicho proyecto era contrario a la Constitución Política porque omitía la realización de estudios técnicos, sumado a que desprotegía áreas ambientalmente y permitía la explotación del recurso hídrico en condiciones irregulares.
“Es sumamente necesario velar por este recurso, más cuando el año pasado tuvimos gran desabastecimiento de agua en muchas comunidades a lo largo y ancho del país, y si estamos perforando estos pozos se pueden contaminar con agroquímicos y enfermar a una gran cantidad de personas”, agregó la frenteamplista.
El ambientalista Marco Levy señala que existe un riesgo de salinización de las aguas en las zonas costeras.
“Si hablamos del sector costero del Caribe Sur, ahí hay demasiados pozos artesanales ilegales en una zona costera que corren el riesgo de salinizarse porque hay una sobreexplotación, ya que hay demasiados desarrollos inmobiliarios en la zona, entonces el problema es que esa enorme cantidad de pozos con el tiempo producen salinización y luego puede haber hundimientos de terrenos”, explicó a Diario Extra.
De acuerdo con los diputados que están a favor, estos errores fueron corregidos en el texto final y por eso se aprobó en segundo debate.
Por su parte, María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que “dentro de la propuesta se establece que se autorizarán todos aquellos pozos que cumplan con la protección ambiental”.
Priscila Vindas
Diputada FA
“Hacemos un llamado a la ciudadanía que se podría ver afectada a hacer valer sus derechos constitucionales dado el atropello por parte de los demás legisladores”.
María Marta Carballo
Diputada PUSC
“Es un proyecto importante para el fortalecimiento del sector agrícola y que dará seguridad jurídica a inversiones del sector”.
