Congreso archiva expediente contra Fabricio Alvarado

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, declaró improcedente continuar con la votación del Expediente 25.400, relacionado con denuncias contra el exdiputado Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual, por lo que procedió a archivar el proceso. 

La decisión se fundamentó en el criterio del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, conocido como gerencia técnica, el cual concluyó, poco antes de la sesión plenaria del jueves, que las sanciones disciplinarias están condicionadas a la existencia de una relación de servicio o dependencia con la Administración Pública.

Según ese criterio, la Asamblea Legislativa solo puede imponer sanciones mientras la persona investigada mantenga un vínculo jurídico con la institución. Al cesar en el cargo, se extingue esa relación y, por lo tanto, el Congreso ya no tendría potestad para aplicar un castigo.

La gerencia técnica también reconoció que existe marco legal que permite continuar un procedimiento para determinar la verdad de los hechos por razones de interés público. Sin embargo, aclaró que esa posibilidad no faculta a la institución para sancionar a una persona que ya no ejerce un cargo público.

“Esta presidencia hace constar expresamente que lo resuelto en esta resolución no implica pronunciamiento sobre el fondo de los hechos investigados ni sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad”, aseguró Jiménez.

La resolución de la diputada se aparta del criterio emitido por la Asesoría Legal del Congreso, que había señalado que, al tratarse de una “amonestación ética pública”, no era necesario que la persona investigada siguiera ejerciendo como legislador para que el Plenario pudiera sancionarla.  

“Los informes presentados por la Comisión Especial Investigadora del Expediente 25.400 pueden seguir su trámite ordinario en el Plenario Legislativo, a pesar de que el señor Fabricio Alvarado Muñoz ya no se encuentra acreditado ni activo como diputado de la República por haber fenecido su período constitucional”, señala el criterio de Asesoría Legal, del cual Grupo Extra tiene copia.

No obstante, Jiménez refutó esa posición al indicar que, cuando se trate de una sanción ética, esta forma parte de la potestad sancionadora del Estado y puede afectar derechos. 

“Ni uno ni otro (criterio) tiene un peso superior. El peso superior lo tiene la aplicación de la legalidad y es el reglamento de acoso sexual de esta Asamblea Legislativa”, aseveró Jiménez.

Jiménez achaca responsabilidad a anterior Asamblea

Tras leer la resolución, la presidenta del Congreso brindó una breve conferencia de prensa en la que aseguró que el caso “debió quedar saldado” durante el periodo constitucional anterior, cuando Alvarado aún era diputado.

La jerarca legislativa insistió en que el expediente pudo resolverse en la Asamblea anterior, donde estaba previsto que el caso se conociera durante las últimas dos sesiones del periodo. Sin embargo, ambas jornadas no se realizaron por falta de cuórum, ante las ausencias de exdiputados de Nueva República, de la anterior fracción oficialista y de exlegisladores aliados.

Al ser consultada sobre las responsabilidades de la anterior fracción oficialista por sus ausencias en esas sesiones, Jiménez indicó que la exdiputada y exjefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, no era todo el Plenario y que los demás diputados también podían resolver.

“Pilar (Cisneros) no era la única diputada de la Asamblea anterior, había 49 diputados más que pudieron conformar el cuórum. Yo si creo que es un tema que debió haberse saldado en la administración pasada justamente por lo que dice la norma, que se aplica al diputado”, señaló Jiménez.

La resolución generó el rechazo de las cuatro fracciones de oposición, quienes presentaron mociones de apelación, mismas que fueron rechazadas por el plenario.

Los legisladores opositores cuestionaron que se cierre la posibilidad de votar los informes del expediente y señalaron que la decisión impide que el Congreso se pronuncie sobre el caso.

Yara Jiménez 

Presidenta de la

Asamblea Legislativa

“Por más que en mi corazón quisiera venir a sancionar de forma directa y categórica cualquier caso de hostigamiento sexual, la normativa en este momento no me lo permite”.

Álvaro Ramírez

Jefe de fracción del PLN

“Esto no puede seguir pasando en Costa Rica. Esta Asamblea Legislativa no puede dar ese ejemplo ni puede dar esa señal al pueblo costarricense”.

Claudia Dobles 

Diputada de Agenda Ciudadana

“Creo que esto le falla a todas las mujeres de Costa Rica. Le falla sobre todo a las mujeres que en este momento están siendo víctimas de acoso sexual”.