Congreso aprueba en primer debate penas de hasta ocho años por minería ilegal
Proyecto fue presentado por la fracción del FA en el período anterior
Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, un proyecto de ley que fortalece las sanciones contra la minería ilegal y permite perseguir como crimen organizado las estructuras vinculadas con delitos ambientales.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.952, y presentada por la bancada del Frente Amplio (FA) del período anterior, recibió el respaldo unánime de 53 legisladores y no registró votos en contra.
El proyecto reforma cinco leyes para aumentar las penas relacionadas con la extracción y comercialización ilegal de minerales, el tráfico de vida silvestre, la tala, la pesca ilegal y los delitos contra las tortugas marinas.
El diputado del FA, Edgardo Araya, destacó que la reforma permitirá investigar no solamente a quienes extraen oro ilegalmente en Crucitas, sino también a las personas que financian, organizan y obtienen beneficios de esa actividad.
“Nos va a permitir perseguir la minería ilegal como lo que realmente es: crimen organizado. No solo perseguir a un coligallero, sino todo el entramado que existe para que esa persona pueda trabajar ahí, quién lo mantiene, quién lo asiste, a quién le vende los insumos y a quién le vende el producto que obtiene”, afirmó Araya.
La reforma al Código de Minería establece penas de entre dos y ocho años de prisión para quienes realicen actividades mineras ilegales dentro de parques nacionales, reservas biológicas u otras áreas pertenecientes al patrimonio natural del Estado.
La misma sanción podrá imponerse a quienes comercialicen, dentro o fuera del país, minerales extraídos ilegalmente de esas zonas. Además, se castigaría con penas de dos a seis años de cárcel a quienes promuevan, financien, organicen, dirijan o se beneficien de la minería ilegal.
“Nos parece que con esto va a haber una mayor protección de la naturaleza y de la seguridad. Nuestra propuesta es darle seguridad a la zona de Crucitas y a la zona norte”, manifestó.
En materia de vida silvestre, el proyecto fija penas de dos a cuatro años de cárcel por el comercio, tráfico, trasiego, importación o exportación no autorizada de animales silvestres, sus productos o derivados.
La fracción del FA aseveró que a este proyecto se le dará segundo debate el próximo 3 de setiembre.