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El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que tiene como finalidad reducir el gasto público por medio de la congelación del aumento de pensiones que estén incluidas dentro del plan de gastos, siempre que sean superiores a ¢462 mil.
Se trata del expediente 22.368, Reducción del gasto público mediante la eliminación de plazas vacantes y congelamiento de aumento de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
La propuesta establece una reforma al inciso a) del artículo 13 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La intención es que no se incrementen las jubilaciones superiores al salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial y que el pasado 1º de enero incrementó a ¢462 mil.
El proyecto se leería: “no se ajustarán por ningún concepto las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, con excepción de aquellas inferiores al salario base mensual del Oficinista 1 que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República”.
De acuerdo con el Ejecutivo, las acciones no generarán ninguna afectación a las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, se mantendría en caso de que la deuda pública no resulte menor a un 60% del Producto Interno Bruto (PIB).
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
El Gobierno anunció la limitación en el crecimiento de las transferencias corrientes a un 0,51% en máximo anual durante los próximos cinco años.
Las acciones se enmarcan dentro del Decreto 42798-H, el cual fue firmado por Carlos Alvarado, presidente de la República, y Elián Villegas, ministro de Hacienda.
De acuerdo con el Ejecutivo, las medidas tienen como finalidad reducir la erogación anual de las partidas que correspondan a la adquisición de bienes y servicios, suplencias y remuneraciones eventuales.
Villegas manifestó que las medidas aplicarán para las instituciones del Gobierno de la República en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de 2021 a 2025.
“Esta contención del gasto es parte de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal y, así, la estabilidad fiscal y macroeconómica, ayudando a reducir el nivel de la deuda en los próximos años.
Es una muestra más del compromiso que tenemos con la contención del gasto público con una visión de mediano y largo plazo”, expresó el jerarca hacendario.
OTRAS REDUCCIONES
El Ministerio de Hacienda detalló que a partir de 2021 la partida para adquisición de bienes y servicios contará con una reducción del 7,5% cada año en relación con el anterior hasta alcanzar en 2025 un límite superior del 67,7% del monto ejecutado en 2020.
En los servicios especiales, suplencias y remuneraciones eventuales, la reducción será de 8,5% hasta llegar en 2025 a un límite superior de 64,1% de lo ejecutado el año pasado.
También, el decreto limita el crecimiento de la partida de transferencias corrientes a 0,5% anualmente con respecto al anterior y el monto ejecutable en 2025 no podrá superar en más del 2,53% del monto girado durante 2020.
El decreto excluye a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). No obstante, se insta al resto de poderes de la República a que se apliquen las medidas.
CAMBIOS EN RENTA
La Administración está por presentar un proyecto de renta global que unificará los ingresos.
Al respecto, el jerarca de Hacienda adelantó que analizan la posibilidad de poner una nueva tarifa.
Esta regiría para asalariados y trabajadores independientes. Hoy la imposición es del 25%, pero con el nuevo planteamiento del 27% se cobraría mediante una escala que inicia de un 10% en adelante.
Falta por definir cómo se unificará ante la Caja Costarricense de Seguro Social, pues hoy tienen tarifas diferenciadas.
Las acciones se enmarcan dentro del proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que arrancó ayer.