Sería en el año 2025 que se levante el congelamiento salarial establecido para los empleados públicos como producto de la crisis fiscal de la que apenas se está saliendo.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, dijo que, si la relación deuda/PIB baja en 2023, entonces se aplicará el cambio dos años después, debido a los tiempos del ciclo presupuestario.
Enfatizó en que esto se daría hasta que la relación esté por debajo del 60%, dado que antes de eso no habría certeza de cuándo se estará retomando la política salarial.
Y es que en el último reporte de cifras fiscales publicado por el Ministerio de Hacienda adelantan que según las proyecciones del Banco Central la relación deuda/PIB estaría bajando justamente este año.
El comunicado cita textualmente: “A febrero del 2023, la razón Deuda/PIB alcanzó 59,0% del PIB 2023 proyectado por el Banco Central en el Informe de Política Monetaria de enero del 2023, esto significó una diferencia de 4,8 puntos porcentuales de la producción en comparación con el cierre del 2022 (63,8% del PIB 2022)”.La Ley 9635 dice que cuando ese indicador esté por debajo del 60%, se podrá volver a pagar al sector público el ajuste por costo de la vida que se había congelado.
Según los cálculos de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para el Gobierno implicaría que Hacienda desembolsara cerca de 75 mil millones de colones.
El monto proviene del reconocimiento salarial atrasado a 240 mil empleados públicos de instituciones autónomas y Gobierno Central, quienes vieron congelados sus ingresos desde 2020. La tesis de la ANEP es que ese ajuste debería representar ¢300 mil por trabajador, dado que se tiene que contabilizar lo que no se contempló en los años anteriores.
A febrero se alcanzó un superávit primario de ¢118.850 millones (0,3% del PIB 2023), es decir, ¢91.759 millones más de lo registrado en el mismo periodo de 2022.
El resultado del balance primario es el mejor resultado de los últimos 18 años en millones de colones, si se observa por monto nominal, y el mejor de los últimos 15 años, como porcentaje del PIB.