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Los gremios del Poder Judicial depositan ahora sus esperanzas en que la Sala IV se traiga abajo la reforma al régimen de pensiones que 31 diputados aprobaron en primer debate este lunes.
Insisten en que el proyecto es lesivo para sus derechos laborales y que la mayoría de los diputados, con excepción de la bancada del Frente Amplio (FA), no respetó el acuerdo que se hizo al inicio de la discusión, de tomar como base el texto que ellos propusieron.
Precisamente esta bancada reunió 12 firmas de congresistas, incluidas las de dos legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), para enviar la consulta a la Sala Constitucional hoy miércoles.
De acuerdo con el fiscal Ronald Segura, presidente de la Asociación de Fiscales del Poder Judicial (Acofi), fue lamentable que en esta reforma no se diera una participación democrática y adujo que los congresistas actuaron de forma unilateral.
“No hubo consultas a la parte afectada, que es contrario al dictamen de la Corte Plena, lo que hacía que se ocupara una votación de mayoría calificada (más de 38 votos) y no mayoría simple, como se hizo, y es un proyecto nefasto que terminaría llevando a la quiebra al fondo, ya que solo permite invertir en Bolsa de Valores, donde las tasas de interés son muy bajas”, recalcó Segura.
Para Jorge Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), también fue evidente la violación del procedimiento por parte de los legisladores.
“Creemos que, de alguna forma, esto es un acto de propaganda política de los diputados para decir que pusieron un límite a las pensiones judiciales, aunque saben que este proceso tiene muchos vicios que no lo hacen viable”, aseveró.
Sobre los requisitos de la votación, Morales subrayó cómo en la misma comisión especial que dictaminó el proyecto en un principio se dijo que ocupaban 38 votos y que luego, al darse cuenta de que no los tenían, se cambió el criterio.
NUEVO ESTUDIO
Los diputados que impulsaron la reforma le piden a la Sala Constitucional tomar una decisión responsable, ya que consideran que, en el fondo, según los estudios actuariales de la Universidad de Costa Rica (UCR), hay un hueco de más de ¢5,3 billones.
Pero los gremios siempre rechazaron estas cifras, aseguran que el fondo está sano y que ha venido generando ganancias, y recalcan que es mentira que se tocará el dinero de todos los costarricenses para financiarlo, así como reafirman que los empleados judiciales lo mantienen, porque se les rebaja más que en cualquier otro régimen.
Para Segura, una vez que la Sala IV declare esta reforma inviable, significará el entierro de la iniciativa y esperan arrancar de cero con los nuevos diputados, a partir de 2018.
“Esperemos que la próxima Asamblea esté conformada por diputados mejor preparados y que entiendan que la reforma a pensiones debe venir del propio Poder Judicial, no debe ser un tema político y de administración propia y, bueno, que se parta de cero con un nuevo proyecto y ya nosotros le estamos solicitando al Consejo Superior de la Corte que inicie las gestiones para un nuevo estudio actuarial”, agregó Segura.
Eso sí, pedirán que se encargue un ente privado que genere seguridad en sus resultados, pues creen que, en el caso de la UCR, hubo personas vinculadas a fondos de pensiones.
Una vez la Sala IV acoja la consulta de inconstitucionalidad, podría tardar hasta un mes en resolver.
VOZ DE LOS GREMIOS
• Ronald Segura
Acofi
“La tramitación de este proyecto ha violentado el reglamento legislativo, la Constitución Política, el principio de legalidad y los principios fundamentales para la aprobación de una ley. Por eso, esperamos que la Sala IV lo declare inconstitucional”.
• Jorge Morales
Sindijud
“Desde el punto de vista jurídico, la Sala IV no tiene mucho de dónde maniobrar, y nosotros tenemos claras las violaciones que se hicieron, pero tenemos claro también que la política se ha metido en el Poder Judicial”.
¿Qué dice la reforma?
La reforma aprobada en primer debate aplica variantes radicales a las actuales y futuras pensiones de los trabajadores judiciales. Por ejemplo, se amplía la edad de pensión a los 65 años, aumenta el aporte obrero al 13% y también establece un tope máximo de pensión de ¢4 millones y, para los casos en que ya hay excedentes, un aporte solidario escalonado entre el 35% y el 55%.