Condicionan votos para “mega cárcel”

Legisladores reclaman falta de transparencia para construcción de obra

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Los diputados de la Comisión de Hacendarios están dispuestos a aprobar recursos para la construcción de la “mega cárcel” planteada por el Poder Ejecutivo; sin embargo, advierten que solo dotarán los fondos siempre y cuando no se comprometa la inversión social.

Así lo señaló Paulina Ramírez, presidenta del órgano legislativo, quien subrayó que no se valorarán las disminuciones presupuestarias proyectadas por el Ministerio de Hacienda para instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) o el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). 

La legisladora explicó que el análisis se centrará únicamente en el proyecto carcelario, aunque advirtió que todavía no cuentan con total transparencia sobre el trasfondo de la iniciativa. 

“Creo que esto no debió haberse visto en este presupuesto (los recortes). Creemos que hay que verlo por separado, es decir, esperaremos la información de la cárcel y, por otro lado, estamos planteando excluir lo que corresponde al Fodesaf”, indicó.

De acuerdo con Ramírez, aún falta conocer la justificación, los estudios técnicos, el análisis financiero y otros elementos que permitan tomar una decisión informada, pues asegura que desconocen si la cárcel cuenta con respaldo formal. 

Este mismo criterio lo comparte el diputado frenteamplista Jonathan Acuña, también integrante de la comisión, quien afirmó que las autoridades han evitado entregar datos relevantes para la discusión. 

“Lo que sí tenemos claro es que desde el Frente Amplio podemos estar de acuerdo con esta inversión en materia de infraestructura carcelaria, pero no vamos a estar de acuerdo con ningún recorte en materia de inversión social. Siempre vamos a realizar el análisis”, recalcó.

Según lo planteado por Hacienda en la Segunda Modificación Presupuestaria, tramitada bajo el expediente 25.137, se realizaría un recorte de ¢23.287 millones que pondría en riesgo subsidios y pensiones de al menos 49 mil personas en condición vulnerable. 

De esa disminución, ¢18.277 millones corresponden a transferencias al IMAS y poco más de ¢5 mil millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a través del Fodesaf, para el pago de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC). En el caso de la CCSS, la institución enfrentaría el riesgo de retrasos o suspensión en el pago de pensiones vigentes, la imposibilidad de incluir a unos 11.300 nuevos beneficiarios y complicaciones para cubrir el aguinaldo.