Pese a existir conciencia y coincidencia de que los fondos de pensiones administrados por las operadoras pueden ser empleados para contribuir al mejoramiento de la infraestructura del país en diversas áreas, diferentes grupos y organizaciones del sector son del criterio que se debe aprobar una serie de reformas legales para garantizar, entre otros, una disminución del riesgo y un aumento en las tasas de retorno al incursionar en inversiones bajo la figura de concesión de obra pública.
“Creo que se debe pasar a una reforma integral de lo que es el sistema de concesiones actual que tiene Costa Rica para que podamos canalizar todos estos flujos hacia proyectos de inversión bien estructurados que brinden seguridad a los proyectos”, comentó el experto Federico Villalobos.
Róger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, dijo: “Estamos en un momento coyuntural importante, en donde tanto la Superintendencia de Pensiones como las diferentes entidades financieras están apostando como una alternativa de inversión al desarrollo de obra pública, donde se lograrían dos objetivos: uno es ampliar el portafolio de las inversiones de pensiones y el otro es lograr un desarrollo nacional de infraestructura adecuado”.