Los magistrados de la Sala Constitucional declararon con lugar un recurso de amparo presentado por la madre de un joven de 21 años con varios problemas de salud y una discapacidad, pues según la denuncia le irrespetaron su dignidad tras dejarlo en vía pública luego del decomiso de un automóvil en el que viajaba con su progenitora en el sector de San José.
La causa número 2018-13317 fue valorada por los magistrados Rueda Leal, Hernández López, Salazar Alvarado, Hernández Gutiérrez, Esquivel Rodríguez y Fernández Argüello y, según indica la acusación, autoridades de la Policía Fiscal, que realizaban su labor en horas de la noche, abordaron a la preocupada madre y su hijo de 21 años mientras ambos viajaban rumbo a su casa de habitación.
Al parecer, el auto contaba con una orden de decomiso, de modo que los oficiales señalados procedieron a desalojarlo, a lo que la mujer alega que irrespetaron los derechos fundamentales de su hijo que se desplaza en silla de ruedas y requiere de un trato especializado, pero nada de esto les importó y los policías dejaron al joven en media calle y en vulnerabilidad.
“Se confirmó que existió una falta de sensibilización del personal a cargo de desplegar las actuaciones lo que lesionó la dignidad y seguridad del amparado ya que no tomaron en consideración la condición de salud de la persona, la distancia considerable a su lugar de residencia, los cuidados especiales que necesita para atender sus dolencias y la hora en que se practicó el decomiso”, declaró la Sala IV por medio de su departamento de prensa.
ACCIONES
La decisión de los magistrados fue unánime y comunicada a las autoridades del Ministerio de Hacienda, a quien solicitan tomar acciones operativas para evitar otro atropello como el señalado en esta causa.
“Dispongan lo necesario para que, en los casos que proceda el decomiso de un vehículo automotor y se encuentre alguna persona con discapacidad que requiere cuidados especiales, los funcionarios procedan con respeto de los derechos y la dignidad de estas personas, para lo cual deberán de tomar las previsiones necesarias para no vulnerar o poner en riesgo la vida, la salud, la comodidad, la integridad y la seguridad de estas personas”, subrayan los altos jueces.
Los miembros de la Sala Constitucional recordaron que Costa Rica ha firmado acuerdos internacionales para proteger a las personas con discapacidad y que se fundamentan con el propósito de promover, proteger y asegurar la igualdad de los derechos humanos y libertades de esta población.