Condenan a Hacienda por dar contratos a solo 15 empresas

El Ministerio de Hacienda debe reconsiderar si continúa con la práctica de contratar solo a un pequeño grupo de empresas para que se encarguen de las obras de infraestructura y mantenimiento en el Gobierno central. 

En caso de no hacerlo debe justificar las razones ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) en un plazo de 30 días, pues podría considerarse una práctica anticompetitiva. 

Se trata del Convenio Marco de Servicios de Infraestructura con Fondos Propios por considerar que, aparte de no fomentar la competencia en la contratación pública, perjudicaría al Estado.

Lo anterior porque las instituciones del Gobierno central quedan amarradas a adquirir servicios a un reducido número de empresas por un periodo de hasta cuatro años.

Para el convenio marco vigente se seleccionaron en total 15 empresas para ofrecer 9 diversos servicios relacionados con la construcción de edificaciones y su mantenimiento, tal como lo adelantó DIARIO EXTRA.

Se incluyen obras como viviendas de interés social, aulas, pabellones de aulas, comedores, albergues, puestos de vigilancia y otros, mantenimiento correctivo y preventivo, ampliaciones, remodelaciones, demoliciones, diseño para arquitectura, e ingeniería e inspecciones.

La aplicación del convenio marco implica que todas las instituciones del Gobierno central y sus órganos desconcentrados se encuentran obligados a contratar esos servicios únicamente con estas empresas por un periodo de dos años con prórrogas automáticas hasta por dos años más.

De acuerdo con la Coprocom, la situación se agrava ante el hecho de que en cuatro de los servicios existe solo un adjudicatario para cada uno de ellos, de manera que una sola empresa podrá prestar servicios.

Guillermo Rojas, presidente de la Coprocom, considera que “dado el limitado número de empresas adjudicadas, es poco probable que la administración consiga uno de los objetivos esenciales del procedimiento, esto es, los mejores precios para los servicios prestados”.

Añadió que el número relativamente limitado de empresas para las otras opciones de negocio propicia la colusión entre las empresas adjudicadas, o bien, en caso de que resulten insuficientes para atender las necesidades de la administración, llevaría a la subcontratación de otras compañías fuera del convenio por parte de aquellas que sí están en él, lo que evidentemente también acarrearía la desmejora en los precios ofrecidos, según dijo. 

De acuerdo con la Ley de Presupuesto de 2021, periodo especialmente restrictivo en gasto, como resultado de la pandemia por el Covid-19, la subpartida correspondiente a construcción de edificios asciende a más de ¢17 mil millones para el Gobierno central y es de esperar que en años venideros el presupuesto destinado a la contratación de estos servicios sea aún mayor.

La Coprocom remitió al Ministerio de Hacienda el estudio técnico y su criterio solicitando reconsiderar la ejecución del convenio marco en cuestión, por el perjuicio para la competencia y libre concurrencia en los procesos de contratación pública y el daño que se ocasiona, a su criterio, a una gran cantidad de empresas que no podrán siquiera participar en los procesos de adquisición de servicios en los próximos años.