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Un exdirector ejecutivo de apellido Araya fue condenado a siete años de prisión tras comprobarse que manipuló normativas internas y utilizó su cargo para aprobar créditos educativos en beneficio propio, así como de su hija, su hermano y un sobrino.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acreditara su responsabilidad en los delitos de peculado y legislación en provecho propio.
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2007 y 2008, cuando el sentenciado fungía como jerarca del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUPT), entidad creada por ley para combatir la pobreza y mejorar el empleo en Puntarenas mediante becas y financiamiento universitario o técnico para población vulnerable.
Según logró demostrar el Ministerio Público durante el debate, Araya emitió dos reglamentos a la ley que flexibilizaron las condiciones de acceso, permitiendo que personas ajenas a sectores de escasos recursos pudieran optar por los préstamos del fondo.
Bajo ese esquema, el exdirector incurrió en una serie de irregularidades para favorecer a su círculo cercano:
Desde la Fiscalía se detalló además que, previo a la realización de este juicio, otros exintegrantes del Consejo Directivo que participaron en la administración de los recursos optaron por someterse a una salida alterna de suspensión del proceso a prueba.