Visiblemente agobiados por el trajín de la cárcel, Lenin Antonio García López y Julián Jiménez García recibieron a DIARIO EXTRA con las manos esposadas en el Centro Penal de Pérez Zeledón.
¿La razón de su encarcelamiento? Una condena a 30 años de cárcel cada uno por el robo de 320 kilos de cocaína en los Tribunales de Justicia de Golfito, el 26 de marzo de 2009, cargamento valorado en ¢6 mil millones y decomisado días antes en Playa Sirena.
Señalados por la justicia como artífices del histórico hecho delictivo, pretenden quitarse de encima esa etiqueta y se escudan en pruebas que según ellos los jueces no tomaron en cuenta en el proceso.
“Todo fue un montaje de la Fiscalía y el OIJ porque no lograron ubicar a la verdadera banda que robó esa droga y como quien dice agarraron al primero que se encontraron”, aseguraron los privados de libertad tras sentarse y acomodarse en una banca con mesa de cemento.
LO QUE DENUNCIÓ
Uno de los puntos que recalcan García y Jiménez es que la exjueza Andrea Vargas Villalobos denunció ante la Corte Suprema de Justicia una serie de irregularidades que ocurrieron en el proceso previo al juicio y sus defensores también relataron en el debate.
Vargas fue la que en su momento tuvo a cargo las audiencias para el cambio de medidas, en las que todos los miembros de la organización acusada quedaron libres, acción por la cual fue muy criticada.
En la carta enviada con copia a Luis Paulino Mora (q.d.D.g.) indica que al tomar el caso le sorprendió ver unos casetes con declaraciones de los entonces imputados, tirados en una bolsa de basura en la oficina.
Además señala que quisieron hacerla cometer un error, el cual consistía en realizar un montaje para luego culparla aduciendo que era una jueza novata.
“El señor oficial (del OIJ) me propone llevar un sticker de cadena de custodia adonde el Lic. Samudio (primer juez en llevar el caso), llevarla adonde el Lic. Fabián (fiscal) y recoger su firma y finalmente recoger mi firma para poder simular una cadena de custodia entre los jueces, acto que no se realizó por mi negativa.
A mi parecer se han presentado suficientes irregularidades en la presente causa, como la manipulación de las actas de escucha, el descuido de las intervenciones y demás situaciones”, indicó Vargas.
Pese a esto, la entonces funcionaria judicial no tuvo respuestas y al final debió renunciar tras recibir presiones por las anomalías que estaba señalando.
“Las presiones por las cuales la suscrita ha pasado son evidentes, presión de parte de la Fiscalía, presión y cuestionamientos del OIJ con respecto a mis decisiones, cuestionando mi nivel de capacidad y la toma de decisiones por mi corta edad y el tiempo de incorporada”, indicó la exfuncionaria.
Según los privados de libertad de este caso, después de la salida de Vargas se montó una trama para poder echarles la bronca del robo del millonario cargamento del apetecido polvo blanco.
GENTE QUEDÓ POR FUERA
Es a partir de este hecho cuando según los incriminados en el caso se gestó una serie de datos que los involucraron, de los cuales insisten no saber nada.
Incluso dicen que la gente que en realidad tuvo participación en el robo quedó eximida del proceso, pese a que había pruebas contundentes.
“Mi teléfono se comunica con el señor Navas (investigado por el OIJ por vínculos con el robo), por eso un juez ordena un allanamiento en la finca del papá de Navas, en La Gamba, da positivo por presencia de droga y dinero.
El tribunal aduce que ese dinero pertenece al pago de la droga que se robó en los Tribunales de Golfito. ¿Por qué esta gente no fue llamada a este proceso?”, cuestionó Jiménez.
Además dicen que dos hombres de apellidos Topping y Jiménez fueron incorporados en las pesquisas pero nunca al proceso, basados en la declaración que dio el jefe de la investigación en el juicio.
“JAMAIQUINOS LA ROBARON”
Con estos puntos mencionados, tanto García como Jiménez dan por un hecho que ellos no tuvieron ningún vínculo con el delito ocurrido hace cuatro años y más bien achacan el hecho a los dos hombres eximidos junto a una banda de jamaiquinos.
“El OIJ siempre manejó información de dos bandas sospechosas del robo de la droga, hay pruebas de eso. Como dicen, al perro más flaco se le pegaron las pulgas. Todos saben que se trató de una banda de jamaiquinos”, acotó García.
Mientras Jiménez afirmó que al Tribunal de Apelaciones se le dijo con nombres y apellidos quiénes fueron las personas que en realidad robaron esa droga.
“Hay un operativo días después del robo donde se detiene a Topping armado y con dinero en efectivo con otros sujetos jamaiquinos. ¿Por qué no los investigaron por este hecho?”, denunció Jiménez.
La sentencia fue enviada al Tribunal de Apelaciones ante la solicitud de los defensores de los condenados, pero en esa instancia la rechazaron.
Actualmente se encuentra en la Sala Tercera, esperando una resolución del Tribunal de Casación.
DIARIO EXTRA quiso conocer la versión de la Fiscalía respecto a las declaraciones y documentos que presentaron los reos, sin embargo no tuvo respuesta, a pesar de las múltiples llamadas e incluso consultas por medio de correo electrónico.