La junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) acordó concesionar las 100 placas de la base del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, sin embargo el litigio por cómo se hizo la selección de los oferentes seguirá debatiéndose en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Las placas se otorgaron esta semana, tal como lo ordenó una jueza de ese mismo tribunal, a sabiendas que había dos procesos más que se podrían traer abajo la licitación.
Este caso tiene ya varios años de estar en pugna en los tribunales porque tienen sus diferencias con los taxis formales, pues para su operación requieren toda una infraestructura y pagarle un canon a la empresa que administra el aeropuerto.
Por eso cuando se llevó a cabo el proceso abreviado de licitación de taxis a nivel general se dejó de último a este grupo de 100 unidades.
No obstante vinieron las demandas contenciosas y la intervención de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que hizo que una jueza ordenara al CTP sacar la licitación, pero tomando en cuenta un decreto ejecutivo que no estaba vigente.
Por estas causas y otras técnicas se inició el proceso administrativo que se tramita bajo el expediente #12-002694-1027-CA, que fue presentado por Taxis Unidos y otras personas en contra del Estado y el CTP.
Los demandantes, entre otras cosas, solicitan al Tribunal Contencioso declarar que el CTP utiliza un sistema de evaluación de ofertas que es ilegal para calificar a los participantes en el primer concurso abreviado de placas para el aeropuerto.
La demanda se tuvo por contestada afirmativamente, tanto de parte del Estado como del Consejo. Si este juicio llegara a ser declarado con lugar, las adjudicaciones de las 100 placas que dicte el CTP podrían quedar en entredicho.
Además de este proceso existe otro, por lo que si hay marcha atrás el CTP tendría que indemnizar a las personas que esta semana se les otorgó la placa, pero se las quitaría por usar parámetros equivocados.