El escándalo por la construcción de la trocha fronteriza tomó un nuevo giro en los últimos días luego de que la Contraloría General de la República, en una escueta resolución, le ordenó al Consejo Nacional de Vialidad, devolverle a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), ¢2.500 millones.
Esa cantidad de dinero es la pagada por el Conavi por obras que se hicieron sin ningún control.
En la resolución DFOE-IFR-0393 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del ente contralor está dirigido a Magaly Mora Solís, secretaria de actas del Conavi. En la misma no se dan mayores detalles, solo que deben transferirlos a la CNE, y extrañamente no al fondo de emergencias, donde han ido a parar todas las donaciones que fueron recibidas para esos fines.
Sin embargo, deja amarrados esos recursos para ser usados una vez que sean presupuestados para trabajos futuros.
“En caso que el Conavi fuera autorizado por la comisión para ejecutar esos recursos en la ruta que se indica, se deberán de emplear una vez que sean presupuestados, en forma exclusiva para las obras de dicha emergencia y obligaciones futura que se contraigan”, se indica en la resolución.
UNA LARGA HISTORIA DE IRREGULARIDADES
Para la construcción de la trocha, el Conavi y la CNE firmaron un convenio de donación, mediante el cual se le trasladaban ¢10 mil millones pero solo debían de ser usados en proyectos futuros, y luego de pasar todo un proceso de contratación. Sin embargo, la prisa por pagar hizo que no se cumpliera con esos requisitos.
Ante esto se conoció que en la sesión 905-12 del 19 de abril 2012, Carlos Acosta, que ahora está siendo investigado por el Ministerio Público por este caso, así como Mario Quesada, informaron sobre una reunión que tuvieron con un alto personero de la Contraloría y verbalmente los autorizó a pagar con el dinero donado, obras y trabajos atrasados.
En esa misma sesión aprobaron pagar las facturas de horas de tractos y obras varias por el monto de 2.500 millones 759 mil colones. Además tampoco solicitaron el visto bueno de la CNE. Gastaron el dinero de todas maneras, por lo que en pocos días se les armó tremendo enredo y las obras y pagos se paralizaron. Mientras tanto, estalló el escándalo, las detenciones y la renuncia del ministro de Transportes, Francisco Jiménez. Por ello, todo quedó “stand by”.
No obstante, nunca recibieron la autorización por lo que todo quedó en veremos.
Así quedó varada la trocha hasta que ahora se solicitó un presupuesto extraordinario de los 10 mil millones que le había donado originalmente la CNE y para autorizarlo, la Contraloría ordenó como condición devolverle el dinero gastado.