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Al lado de las carreteras, bajo puentes peatonales y viales, en paradas de autobús, o incluso en las aceras; día con día se observan más habitantes de calle en el casco central del país, los cuales dañan la infraestructura pública en busca de un lugar para dormir, sin embargo, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) confesó no tener un registro de cuánto cuesta al país la inversión de reparar estas afectaciones.
Tras darse a conocer el daño ocasionado por un habitante de calle en un puente sobre el río María Aguilar, en San José, la oficina de prensa confirmó a este medio no llevar control, puesto que “son variables, y no necesariamente se instalan de forma permanente”.
“Sí se ha detectado presencia de indigentes en algunas estructuras, en muchos casos, dependen de la época del año, de si es época lluviosa o no”, agregó Jason Pérez, gerente de Conservación de Vías y Puentes del Conavi.
Si bien desde la cartera se destacó que el comportamiento es variable, los más afectados son las municipalidades, ya que ellas se encargan de temas de seguridad de los peatones.
Según especificó Marcelo Solano, director de Seguridad y Policía Municipal de San José, los habitantes de calle han deteriorado en gran medida infraestructura local y nacional.
“Esta población destruyó los ascensores de los puentes peatonales, sustrae tapas de alcantarillas, barandas de puentes, techos de los andenes del tren, señales de tránsito, el cable de servicios esenciales, tuberías y cualquier objeto que pueda convertirse en dinero”, explicó a Diario Extra. El oficial indicó que, si bien intentan dar la mayor cobertura a esta situación, tan solo en la capital podrían haber cerca de 5.500 personas en situación de calle, y si bien algunas se encuentran de forma temporal, alrededor de un 36% se mantiene las 24 horas en la vía pública.
Misma situación expresó la Municipalidad de Curridabat donde, si bien no se ha visto afectada la infraestructura pública, sí se da un daño al patrimonio, puesto que “se ha detectado daño como grafitis (que no son hechos por personas en condición de calle) y la acumulación de desechos”, según comentó Karla Rodríguez, jefa del Departamento de Cultura de Paz.
“Cuando ha pasado y se presenta una denuncia, se coordina con Fuerza Pública para el desalojo y se coordina la recolección de instalaciones no autorizadas”, puntualizó el gobierno local.


