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El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) cuenta con muy poca o prácticamente nula cantidad de personal para atender la fiscalización de obras viales.
A lo anterior se debe añadir que denunciar irregularidades acababa en amenazas de las constructoras o funcionarios de Conavi.
Así lo señalaron los ingenieros Mauricio Sojo Quesada y Jason Pérez ante la Comisión Especial que investiga las posibles irregularidades en dicha institución.
De acuerdo con los funcionarios, en Conavi se presentan carencias para realizar la labor de supervisión de las obras y aseguran que desde tiempo atrás, hay mucho recargo de funciones por falta de personal ni inspectores para la verificación de obra a lo largo del país
“Tenemos 6 directores y 22 inspectores de zona. No siempre han existido esas personas. Hay una falta de personal muy grande y hay muchos recargos de personas. En cuanto a verificadores viales y administración, en Conavi no tenemos el músculo para tener inspectores a lo largo de nuestro territorio para la verificación de obra y calidad. No tenemos laboratorios de calidad propios, lo que genera que se tenga que contratar en el sector privado”, explicó Sojo.
El ingeniero agregó que los recargos de funciones nunca han sido remunerados por parte de la institución.
“Se nos pedía llevar esta labor y muchas veces inclusive, veíamos zonas que estaban abandonadas. En algunos lugares nos decían: ingeniero, ayúdenos porque ahí no hay nadie”, comentó.
Como si el panorama no fuese complejo, el ingeniero Jasón Pérez denunció intimidaciones y amenazas tras haber denunciado anomalías.
El funcionario precisó que, luego de delatar una serie de incumplimientos de la empresa H Solís, “empezó una persecución en su contra”.
“Un director técnico de la empresa (H Solís) me dijo que si quería continuar con las gestiones, porque iban a iniciar persecuciones en contra de mi persona para que evite continuar con eso”, reveló.
El caso al que hacía referencia Pérez es el de obras de mantenimiento en Alajuela y San Ramón, en donde la empresa constructora habría tenido una serie de incumplimientos.
Haber apuntado el caso y empezado diligencias para aplicar multas por más de 900 millones de colones generó que se le quitaran obras viales y, además, ser trasladado de zona.
“Esto detonó una persecución hacia mi persona, en la cual terminé poniendo una denuncia por acoso laboral, como uno de los tantos ingenieros que lo hicieron”, manifestó.
REACCIONES
El diputado del Frente Amplio (FA) José María Villalta indicó que tan poca supervisión genera sospechas.
“No hay recursos porque han sido recortados y los han quitado deliberadamente. Pasó con un laboratorio de plantas asfálticas que las dejaron perder para favorecer negocios privados. Es obvio que hay mano peluda. Ciertamente no hay tanta plata o recursos, pero también, los que hay, están mal administrados”, señaló Villalta.
Según el legislador, Conavi tiene “un montón de ingenieros y técnicos sentados en escritorios, aprobando papeles”, cuando deberían estar supervisando obras, construyendo planes y fiscalizando proyectos.
“Los tienen sentados en cuestiones burocráticas. Hay poco personal, es cierto, pero la institución se ha administrado con negligencia”, agregó.
Por su parte, la liberacionista Paola Valladares argumentó que llamaba la atención que precisamente en las obras cuestionadas no había un ingeniero que las supervisara.
Finalmente, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca cuestionó que en el Conavi, en vez de aplicar controles para solventar obras incompletas o mal pagadas, se eliminaron todos.