Anuncia que presentarán demanda contra el Estado por falta de supervisión
Antonio Barzuna, inversionista afectado por la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos (Coopeservidores), asegura que no han recibido apoyo durante el proceso de intervención y resolución.
Al tener solo información del procedimiento por parte de comunicados de prensa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y del Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif), como lo establece actualmente la ley, Barzuna reclama por la falta de voz y voto.
“La ley tiene que proteger a los ahorrantes y no al funcionario. En este momento el inversionista no tiene ni voz ni voto, no sabe los descuentos que se están dando en la cartera de crédito porque todas las decisiones las toma el resolutor y el dueño del dinero está a ciegas”, dice.
Debido a que el 21 de junio finaliza la etapa de resolución y todavía no se ha logrado vender la “cartera mala” de deudores, los inversionistas temen que llegue a los tribunales mediante un concurso procesal, por medio del cual la recuperación sería mínima.
“Entre más tiempo duren (vendiendo) más bajas van a ser las ofertas porque los créditos se van atrasando, van entrando en morosidad más alta. Por eso aquí el tiempo es sinónimo de plata”, explica.
Como el proceso lo maneja un solo funcionario, el resolutor Marco Hernández, los perjudicados presentarían una propuesta que reforme la ley 9.816 para que los inversionistas opinen sobre la venta de carteras crediticias.
“Si usted los incluye van a poder tener un criterio de si la oferta es buena o mala y en este momento no lo tenemos. Cuando termine el año de resolución, nos mandan a proceso concursal y no podemos hacer nada”, agrega.
Según Barzuna, la supuesta falta de supervisión de Sugef y Conassif de los estados financieros de Coopeservidores debe tener una repercusión y no es válido que se ponga como excusa que se “maquillaron los números”, por lo cual anuncian que demandarían al Estado.
“Nosotros vamos a terminar demandando al Estado costarricense, en un contencioso, por una mala supervisión”, afirma.
Agrega que no se ha podido vender una cartera de ¢232.000 millones y lo ideal sería que también hubiera quedado en manos del Banco Popular, antes de caer en sede judicial.
Proceso concursal
Sergio Artavia, experto en juicios civiles y concursales, señala que la liquidación de una entidad regulada como Coopeservidores es el último eslabón de la cadena y podría ser muy doloroso.
Históricamente nunca se ha recuperado más de un 5% del pasivo en un proceso concursal, de acuerdo con el especialista.
“Las posibilidades de recuperación de lo que no se pudo recobrar o no pudieron liquidar ahora en sede administrativa son realmente bajas”, externa.
Este proceso judicial duraría entre cuatro o cinco años y con una posibilidad “superbaja de recuperación” de la cartera mala, de acuerdo con el abogado.
“Una cartera mala de crédito en general no se paga más del 20%, es una estimación de lo máximo que se van a recuperar”, amplía.
Por eso apunta que lo ideal para los inversionistas es venderla con un castigo que llegar al proceso judicial, donde las condiciones son más complicadas.
“Lo que creo es que Conassif y Sugef lo hacen para que no se diga que es su culpa por una mala intervención”, apunta.
Artavia comparte el criterio de Barzuna acerca de que las autoridades regulatorias como Sugef o Conassif tienen mucha potestad, tomando en cuenta que los inversionistas no tienen ninguna participación en resoluciones.
Conassif sobre ofertas
Sobre los rechazos de cuatro ofertas de la cartera sana de Coopeservidores, Conassif menciona que no cumplen con las expectativas.
Las propuestas no resultaron razonables a los intereses y objetivos del proceso de resolución que, conforme con la entidad, es para del beneficio de ahorrantes e inversionistas.
El rango de dichas ofertas osciló entre el 3,86% y el 14,99% del total del valor de la cartera con mora mayor a los 60 días, mientras que por la menor a ese plazo no se ha tenido interesados.
Se ofertó por activos crediticios sanos como si estuvieran deteriorados y el precio ofrecido es muy bajo, son parte de las razones que ha dado Conassif.
Hay que recordar que en diciembre del año anterior la superintendente Rocío Aguilar renunció a su puesto y quedaron a cargo de manera interina Óscar Morales y Adrián Pacheco a la espera de que se designe oficialmente a un nuevo jerarca.
