
Durante la discusión en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, Humberto Grant, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), planteó la opción de optar por sistemas de retiro que permitan entregas extraordinarias en el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP).
Entre los ejemplos, se mencionaron casos como Malasia, donde se puede solicitar hasta un 10% del saldo total en la cuenta de la persona para atender emergencias o Nueva Zelanda, que se permiten entregas extraordinarias de un porcentaje para dificultades financieras que sean demostrables por los afiliados.
“La crueldad no puede ser la política pública. La restricción para retirar el ROP no puede ser implacable, sino que puede condicionarse, lo que es realmente dañino es que se entregue sin condiciones. Se usa un inspector independiente que valide la necesidad, a veces contra facturas, de una situación particular del pensionado. Aquí tenemos algo similar en el caso de enfermedades graves. Es algo que es fácilmente adaptable”, indicó Grant.
Agregó que una vía para resolver las necesidades planteadas por un sector de la población es fortalecer el tercer pilar del sistema de pensiones en el país: los Planes de Pensión Voluntaria.
“Si los costarricenses siente que el ROP es insuficiente o demasiado rígido, la respuesta no es debilitarlo, sino reforzarlo con incentivos más robustos al ahorro voluntario. Estas pensiones ofrecen flexibilidad sin comprometer la red de protección obligatorio. Fomentar su desarrollo debería ser parte central de cualquier reforma seria”, agregó el presidente del Conassif.
Dentro del análisis, recomendó crear una lista clara de las diferentes situaciones en que se podría permitir los retiros extraordinarios, de forma que sean un acceso restringido a diversos factores.
“Hay casos excepcionales, alguien que está a punto de perder la casa, que tenga gastos de salud extraordinarios, aunque no sea ni terminal ni grave. Yo creo que hay cosas que son inesperadas en la vida de una persona para las que podemos crear un espacio.
Entonces, yo creo que sí tiene que ser para casos excepcionales”, comentó Grant en la comisión.
También externó preocupación de que en Costa Rica se permita el acceso sin restricciones a la totalidad de los fondos como ocurrió en Perú.
“El resultado es lo uno esperaría con fondos descapitalizados y una presión inmensa sobre el Estado para subsidiar adultos mayores que gastaron sus ahorros en unos cuantos años”, expresó Grant.
Complementar el IVM
El presidente del Conassif expuso que en el país existen tensiones demográficas que han generado que el Régimen Básico de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) presente problemas de sostenibilidad que podrían afectar a las futuras generaciones de costarricenses que aún no alcanzan la edad de pensión.
Grant citó documentos actuariales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que estimaban que en el 2041 se empezaría a consumir las reservas del IVM y para el 2047 que se habría consumido la totalidad el fonde de pensiones de la institución, por lo que se convertiría en un esquema de reparto.
Sin embargo, las proyecciones se adelantaron, ya que la CCSS reconoció que durante el 2025 se consumieron ¢50 mil millones de las reservas.
“Hay estudios financieros conocidos por la Junta Directiva de la Caja que muestran escenarios pesimistas, pero factibles en los que la reserva no se extendería mucho más allá de 2029. Los proyectos en discusión se sostienen sobre el supuesto de que el ROP no es más que un suplemento a una pensión básica que está garantizada. Ese supuesto es impreciso porque la pensión básica sí puede deteriorarse y puede hacerlo en el corto plazo.
Los pensionados podrían ver impacto en su pensión básica en periodos que pueden ser tan cortos como 5, 10 o 15 años y ya no contarían con el auxilio de una pensión complementaria, la misma que se construyó con un gran esfuerzo país justo para asistirlos en este momento. La debilitaríamos en el momento histórico que más necesaria se hace”, manifestó Grant.
El ROP cuenta con 81 mil personas pensionadas, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Priscilla Vindas
Diputada FA
“Creo que es una postura muy responsable. Hay un clamor popular por necesidades, muchas de las personas nos dicen que tienen deudas, que tienen hipotecas y que quieren vivir su vejez con mayor dignidad. Hay rostros humanos detrás de estas peticiones y es algo que tenemos que tomar en cuenta”.
Humberto Grant
Conassif
“Reconocer la realidad no significa sacarla de la discusión. Yo les proponía la posibilidad de hacer entregas condicionadas contra una demostración de una necesidad financiera que justifique esa entrega, sabiendo que esto tiene que ser un derecho muy muy restringido”.

