Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El debate sobre el control y la fiscalización de las asociaciones solidaristas en Costa Rica se mantiene vigente tras diversas consultas sobre el alcance de su regulación y las competencias de las instituciones públicas para intervenir en su funcionamiento.
En el ámbito financiero, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó, desde julio de 2021, “excluir a las asociaciones solidaristas del ámbito de supervisión prudencial de la Sugef (artículo 5 del acta de la sesión 1672-2021)”.
Según la respuesta institucional brindada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la medida se sustentó en los artículos 117 y 119 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley N.° 7558). El análisis técnico y jurídico concluyó que existían limitaciones legales para aplicar la supervisión prudencial a este tipo de organizaciones.
Asimismo, el ente regulador precisó que “los beneficios esperados de incorporar a estas organizaciones al esquema de supervisión prudencial serían limitados en comparación con los costos, ajustes institucionales y modificaciones normativas que requeriría su implementación efectiva”.
Ante este panorama, la Sugef subrayó que “el establecimiento de un régimen de supervisión especializado para estas organizaciones requeriría una revisión integral del marco jurídico vigente”.
La decisión implica que estas entidades quedaron fuera del esquema de supervisión prudencial que aplica la Sugef a las organizaciones financieras sujetas a su vigilancia. Por tanto, la discusión sobre sus mecanismos de fiscalización debe considerar las competencias que establece la legislación para cada institución y las disposiciones particulares que regulan a las asociaciones solidaristas.
En ese sentido, la exclusión de la supervisión prudencial no debe confundirse con una autorización para funcionar al margen de la legislación. Estas organizaciones continúan sujetas al marco jurídico que regula su constitución, administración y funcionamiento.
Posición de la Corte Plena sobre intervención y auditorías
La autonomía de estas entidades privadas también fue analizada en el ámbito judicial frente a solicitudes de intervención en la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud).
El 8 de noviembre de 2024, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) presentó el oficio 187-S-2024, mediante el cual solicitó a la Corte Suprema de Justicia gestionar una auditoría externa e independiente sobre la organización, además de aclaraciones sobre su situación financiera.
Entre los datos señalados por el sindicato figuraban excedentes que pasaron de ₡5.570 millones en 2022 a ₡5.621 millones en 2023. También mencionó inversiones que disminuyeron de ₡9.493 millones a ₡8.402 millones durante ese periodo.
Otro de los aspectos cuestionados fue el aumento de los gastos de mercadeo, que pasaron de ₡92,9 millones a ₡185,4 millones. Asimismo, el documento hizo referencia a gastos administrativos superiores a ₡1.289 millones.
Sitrajud indicó que las cifras correspondían a un documento que circulaba en redes sociales y planteó la necesidad de contar con una revisión independiente que permitiera aclarar la información financiera de la asociación.
El 12 de noviembre de ese año, el presidente de Asosejud, Parris Quesada Madrigal, respondió a los cuestionamientos y rechazó los señalamientos planteados por la organización sindical.
Posteriormente, el 18 de noviembre de 2024, durante la sesión 51-2024, la Corte Plena rechazó la solicitud de contratar una auditoría externa para revisar las finanzas de Asosejud.
Con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Solidaristas (N.° 6970), la Corte consideró que la asociación constituye una organización autónoma y que su administración corresponde a sus propios asociados. También señaló que no contaba con contenido presupuestario para financiar la auditoría solicitada.
De esta manera, el órgano judicial delimitó sus competencias frente a la petición sindical y la posibilidad de disponer de recursos institucionales para fiscalizar una organización de carácter privado.
La decisión quedó consignada en el oficio 11520-2024, del 11 de diciembre de 2024. La magistrada Chacón se abstuvo de participar en la votación.