El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) se mostró en contra de que el Gobierno de la República convocara el plan que impulsa alargar la vida útil de los buses a 20 años.
El ente rector asegura que esta medida, impulsada por el Poder Ejecutivo, impedirá que personas con discapacidad tengan acceso a unidades “dignas, accesibles y seguras”.
Además señala que ampliar los plazos de los buses “no es proporcional ni razonable”, ya que el Estado ha otorgado ya 26 años para que el sector transporte realizara mejoras y 15 años desde el cambio efectuado en 2006.
“El MOPT y el sector concesionario han tenido un plazo amplio para su cumplimiento. Las personas concesionarias han sido conocedoras de la vigencia de la Ley 7600 y aceptaron obligarse a cumplir los requerimientos de accesibilidad”, reclamaron.
En Conapdis también denuncian que no fueron debidamente consultados por la Asamblea Legislativa respecto al proyecto de ley.
Dicha situación, de acuerdo con la institución, podría ser inconstitucional por el procedimiento y por el fondo, iría contra la ley al obligar que personas con discapacidad utilicen unidades de transporte no accesibles, contrariando las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“La ampliación del plazo de vida útil de los buses de 15 a 20 años es contraria al avance en materia ambiental y por consecuencia podría tener incidencia en la afectación al derecho al ambiente sano y equilibrado, establecido en el artículo 50 de la Constitución Política”, señaló.
Además de Conapdis, la Defensoría de los Habitantes se mostró en contra del proyecto de ley que impulsan el presidente de la República, Rodrigo Arias, y el ministro de Transportes, Luis Amador.
EL PLAN
El expediente 22.530 modifica el artículo 46 bis de la Ley 7600 para que se autorice la circulación y utilización de unidades cuya vida útil haya vencido hace 20 años. La medida vigente aplica por 15 años.
Asimismo, señala que no podrán circular autobuses de ruta de transporte público que no se encuentren debidamente acondicionados con las medidas de accesibilidad establecidos por la Ley 7600.
Otro punto contemplado en el plan es que el Consejo de Transporte Público (CTP) a través de “un ente acreditado para realizar la revisión técnica vehicular” hará revisiones semestrales sobre las unidades de transporte que sobrepasen los 15 años de vida útil, “con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y servicio de calidad al usuario”.
“El ente encargado de realizar la revisión técnica vehicular deberá verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos de toda la flota del transporte público remunerado de personas”, se lee en la propuesta.
El texto fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Económicos por diputados de los partidos Progreso Social Democrático, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista. En contra votó el Frente Amplio. Tras recibir el dictamen, el texto pasará a manos de los 57 congresistas.