El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) conoce desde hace tres años las supuestas irregularidades en la contratación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) para el desarrollo del Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad (Sicid).
Así consta en el informe de auditoría SA 05-18, del que este medio tiene copia. Aun así dejó pasar el incidente y que el proceso siguiera adelante mediante un segundo contrato en que hay de por medio fondos públicos.
El Sicid nació en cumplimiento del decreto 39419-MP-MTSS-MDIS-MREDC-Mideplan-MS, que ordenó la creación de una plataforma oficial del Estado que viniera a facilitar la información sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La idea era tener un sitio con la producción, análisis y difusión de estadísticas nacionales, institucionales, así como indicadores de índices relativos a los derechos de las personas con discapacidad, y la creación de un catálogo de productos y servicios accesibles para esta población.
El Conapdis decidió que sería el Instituto Tecnológico de Costa Rica el encargado de desarrollar la plataforma. Así lo estableció mediante una carta de entendimiento en junio de 2017 y definieron un monto de ¢789 millones.
Para ello hacen una contratación directa CD-00175-063 por excepción y al amparo del artículo 138 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
Este indica que los sujetos de derecho público podrán celebrar entre sí contrataciones sin sujeción a los procedimientos, siempre y cuando la actividad desplegada por cada uno se encuentre habilitada dentro de sus respectivas competencias.
¿CARTA DE ENTEDIMIENTO O CONTRATO?
La auditoría encuentra que más bien pareciera tratarse de un contrato típico administrativo, en lugar de una carta de entendimiento, pues esta última aplica cuando se va a desarrollar un proyecto conjunto y en este caso el Tecnológico estaba elaborando un producto por el cual el Conapdis pagaría.
Según la auditoría, la contratación directa fue aprobada y adjudicada por el jefe de Proveeduría de apellidos Sánchez Morales el 18 de julio de 2017. Tiene como base la carta de entendimiento por la suma inicial de ¢789 millones.
“Es evidente que en el caso que se analiza lo que está de por medio pareciera ser un contrato administrativo directo entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Conapdis a cambio de un precio determinado”, indica el informe.
Advierte además que “la carta de entendimiento firmada con el Tecnológico obedece más que todo a un trámite de urgencia o rapidez en el proceso contractual y no para satisfacer un bien público, lo cual contraviene lo indicado, pues (…) cuando se desea contratar a otro ente público debe analizarse si efectivamente el objeto contractual reúne las competencias, para atender la respectiva necesidad”.
ADJUDICACIÓN SIN ESTUDIOS TÉCNICOS
La auditoría señala también que en la revisión del expediente no se localizó la documentación de estudios legales y técnicos que respalden y justifiquen la decisión de hacer una contratación directa con el TEC.
Aclara que el estudio legal sirve para ahondar en los requerimientos del proyecto y tener claridad de que no se está infringiendo ninguna norma o ley.
Entretanto, el estudio técnico tiene como finalidad demostrar la viabilidad técnica del proyecto que justifique la alternativa que mejor se ofrezca en el mercado y se adapte a los criterios. En este caso no se hizo ninguno de los dos, según el informe.
Del texto se desprende que más allá de la capacidad que tiene cualquier universidad pública para el desarrollo de su actividad, la auditoría no encontró algún caso de éxito o referencias de clientes satisfechos para documentar la experiencia del Tecnológico en el desarrollo de herramientas inclusivas de este tipo.
PRECIO POR “INDAGACIÓN”
La auditoría también concluye que para llegar a la razonabilidad de la oferta del TEC, el Conapdis realizó una “indagación” de precios, además de la capacidad que tenían otros entes para hacer el desarrollo.
En su opinión, haberlo hecho de esa manera carece de fundamento, pues no solo se debe cumplir con indagar en el mercado, sino que se debió crear un documento que demostrara clara y detalladamente las razones por las cuales otro ente no llenaría la necesidad de manera más eficiente y con mayor economía de recursos.
“Así las cosas, en este caso, el no contar con los estudios legales y técnicos impide a la institución acreditar de forma suficiente, motivada y oportuna la observancia del equilibrio y la razonabilidad del precio a pagar, además el llevar a cabo una contratación administrativa con total ausencia de dichos informes podría acarrear responsabilidad para los funcionarios que propiciaron dicha acción debilitando por ende el control interno institucional”, concluye dicho órgano.
CONSULTORÍA QUE RECOMENDÓ EL CONTRATO
La auditoría determinó que, en el año 2016, el Conapdis gestionó la contratación de una consultoría por ¢17 millones con el fin de elaborar la ingeniería de requerimientos de la plataforma electrónica del Sicid, la cual serviría de base para el Sistema de Información sobre Discapacidad.
Una vez revisado el expediente, el órgano encuentra que el propio TEC es quien se encargó de realizar el proceso denominado “Consultoría para elaborar la ingeniería de requerimientos de dicha plataforma electrónica Sicid”, mediante la contratación 2016-CD-000036-0014700001.
“Llama la atención lo anterior, pues el Instituto Tecnológico de Costa Rica es la institución contratada para desarrollar el modelo de gestión del Sicid, a su vez es la institución adjudicada para elaborar dicha plataforma”, señala el informe.