Con treta legal iglesia intentó evadir pago de ¢100 mills.

José Barleta Valladares, juez penal de los Tribunales de Alajuela, recibió a las partes involucradas en este caso que generó mucha polémica. Se trata de la acusación contra el padre Marcelo Araya Alpízar por acabar con la vida del joven Luis Carlos Segura, luego de atropellarlo mientras el sacerdote conducía en estado de ebriedad.

La cita tenía carácter conciliatorio, al final ambas partes, representadas por los abogados Juan Diego Castro y Aníbal Jimenez, se pusieron de acuerdo y lograron evitar el proceso judicial. Sin embargo, en un principio la posición de la Iglesia Católica de Alajuela fue evitar a toda costa el pago de dinero en forma de compensación. Incluso se llegó a realizar maniobras legales para evadir la acción judicial. Así lo aseguró el representante de la familia afectada, Juan Diego Castro. “El carro es de una empresa, como es el caso de la compañía Temporalidades de la Iglesia Católica de Alajuela, y quien lo manejaba borracho es el apoderado de la compañía. La iglesia hace una maniobra y le quita el poder tres días después del accidente, pero acá lo que se valora es quién le dio permiso al chofer para manejarlo, es decir la iglesia y por eso tienen que responder con todo su bien y toda su fortuna”, explicó Castro.

SATISFECHOS

Luego de estas declaraciones, las partes ingresaron a los Tribunales de Alajuela donde se mantuvieron unas tres horas dialogando de los alcances legales de este caso y analizando las pruebas que serían evaluadas en un eventual juicio.

El sacerdote, el representante legal de la iglesia y los padres de Luis Carlos Segura, llegaron al entendido de establecer una indemnización que se presume sea en el rango de los ¢100 millones a ¢110 millones. 

El monto no fue compartido a solicitud de la familia afectada, pero este es menor al cálculo que realizó un perito del OIJ que determinó el daño en ¢145 millones. “La contraparte había firmado un acuerdo sometiéndose a que un perito nombrado por la Corte estableciera el monto de la indemnización y lo desconocieron. Por un lado, nos hablan de misericordia, de caridad y de amor al prójimo, y por otro lado le regatean a una familia que no le pueden pagar la vida de su hijo con un monto económico”, manifestó, Juan Diego Castro.

COLABORANDO

La parte acusada se refirió al tema, y aunque el padre Marcelo se mantuvo lejano y sin hablar, su abogado se refirió al acuerdo. “Queríamos que esto no se extendiera a un juicio y que los involucrados se sintieran bien con las decisiones que se tomaron y puedan continuar con paz sus vidas. Los acuerdos fueron compartidos por todos los involucrados”, manifestó, Aníbal Jiménez.

Según trascendió, el monto millonario será cancelado por tractos en un periodo de tres meses y el padre Marcelo deberá cumplir con una orden judicial que incluye 100 horas de trabajo comunal.