El presidente Rodrigo Chaves anunció en la conferencia del Consejo de Gobierno un proceso de lesividad para quitarles la pensión a 78 exdiputados que ganan lo que denominó “pensiones de lujo”.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Eugenia Esquivel, arrancará el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra los exlegisladores, entre ellos Myrna Mayorga Hernández, José Guillermo Malavassi Vargas, Ana Isabel Ulate Herrera, Anacedy Espinoza Vargas y Luz María Díaz Rocha, quienes alcanzan pensiones de hasta ¢8 millones, lo cual excede el salario de un congresista actual, que es de ¢3.982.371.
Según explicó la ministra Esquivel, un proceso de lesividad “busca revocar un acto de la administración que resulta perjudicial para el interés público, como lo fue el pago de más en pensiones para exlegisladores”.
Este proceso se basa en el pronunciamiento C-369-2020 del 17 de setiembre del 2020, de la Procuraduría General de la República, que señala las pensiones se deben mantener con el tope que mencionaba la Ley de Pensiones de Hacienda al momento de recibirla.
De inmediato, el presidente de la República dijo: “El Estado la regó”. “Estamos trabajando en ordenar la casa, no puede ser que en Costa Rica haya personas que reciban más dinero del que la ley permite, esto se tiene que acabar.
Esperamos que este proceso sea favorable porque las finanzas del Estado lo necesitan con urgencia”, dijo Chaves.
Para rematar, Esquivel pedirá una investigación a la Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Pensiones con el fin de que quienes promovieron los aumentos por encima del tope reciban su sanción si cabe.
Con esto el Gobierno espera ahorrar ¢3.536.865.547 anuales.