Compras desastrosas en Muni de Limón

“Desastroso”, así de claro y contundente calificó la Contraloría General de la República el proceso de compras públicas en la Municipalidad de Limón. 

Aunado a ello informó que los responsables de las irregularidades serán investigados hasta sentar responsabilidades. 

Y no es para menos, el ente contralor realizó un estudio en que analizaron 27 procedimientos de la adquisición de bienes y servicios, “se evidenció una serie de debilidades. Por ejemplo, se determinó que procedimientos clasificados como de excepción no cumplen con lo establecido en el reglamento de la ley de contratación administrativa”, comentó Vivian Garbanzo, encargada de este departamento.

Dicha municipalidad recibió ¢3.485,78 millones durante esos años para desarrollar 397 procedimientos adjudicados a 173 proveedores. 

De este gran total la CGR tomó una muestra de expedientes de contratación administrativa por ¢1.318,99 millones, que equivalen al 38% de monto total de procedimientos adjudicados en los años 2016 y 2017, una buena parte con serias deficiencias. 

Veamos lo grave del asunto, en 27 de los casos se descubrió que carecen de respaldo sobre la verificación de requisitos de admisibilidad. 

“Se evidenció que las compras no fueron efectuadas de forma planificada, y no existe vinculación con la planificación operativa y estratégica de la Municipalidad. Además, la decisión que da inicio al procedimiento de contratación administrativa carece de algunos de los requisitos establecidos en la normativa como lo son la definición de los controles de calidad a aplicar en la ejecución contractual, estimación del costo del objeto contractual, definición del encargado del contrato, y cronograma de actividades y plazos”, destaca el informe.

Otro dato importante es que en 16 de esos procesos no constaba acta de apertura de ofertas, lo cual muestra una grave falta pues la ley de contratación administrativa establece claramente el procedimiento a seguir por parte de la Municipalidad de Limón al momento de realizar las contrataciones.

En cinco de los casos analizados, se determinó que las especificaciones técnicas hacían referencia a una marca determinada. 

El informe además explica “tampoco, se acredita la descripción del objeto y las especificaciones técnicas de las obras o servicios requeridos en 9 de las contrataciones analizadas. Adicionalmente, se determinó procedimientos clasificados como de excepción, sin que dicha clasificación sea congruente con la señalada el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”

La Contraloría determinó que un total de 27 casos más no tenían ningún informe de evaluación sobre las ofertas recibidas para garantizar que el elegido sea el adecuado para el interés público, que debe primar en cualquier gestión que involucre recursos públicos.

“Además, no constan las actas de apertura de las ofertas en los procesos de contratación directa, también se identificaron 17 casos en los que se lleva a cabo el acto de adjudicación sin que estos cuenten con los requisitos establecidos en el cartel”, expresó Garbanzo.

Hubo carteles casi que, a la medida para ciertos oferentes, dejando en desventaja a otros proveedores. “Se evidenció inconsistencias o falta de información en los carteles relativos a la solicitud de requisitos de admisibilidad, imprecisión del lugar donde serían entregados los bienes o servicios contratados, imprecisión de la obra por realizar, errores en el detalle de las especificaciones técnicas y cantidad de productos, referenciar fechas diferentes para adjudicar un mismo contrato, y solicitud tardía la certificación de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social por lo que no constituye un requisito de admisibilidad”

Las deficiencias no acaban ahí, porque en los carteles de licitación del ayuntamiento se hallaron más deficiencias y muchos proveedores ofertaron con artículos que no eran los que cumplían con lo que se ocupaba.

“En tres procedimientos de licitación pública abreviada que ascienden a ¢582 millones no se efectuó la aprobación interna por parte de la administración”, señaló Garbanzo.

En cuanto a las adquisiciones de materiales de construcción comprados con recursos provenientes de partidas específicas se determinó que algunas entregas quedaron pendientes y no consta el documento que confirme que los beneficiarios finalmente recibieron la totalidad de materiales. 

También en dos procedimientos se constató que no todo el material comprado por la Municipalidad fue incluido en los formularios con que se realiza la entrega a los beneficiarios. 

“Sumado a lo anterior, el funcionamiento de los almacenes se realiza al margen de procedimientos, controles y herramientas que permitan determinar en cualquier momento la cantidad y costo de las existencias, producto de los ingresos y entregas que se efectúan a las distintas dependencias o funcionarios. Además, no se ha implementado la práctica de realizar inventarios físicos, que eventualmente permitan determinar inconsistencias respecto a los registros históricos producto de hurtos y desperdicios”, revela el informe.   

Según la Contraloría al 20 de julio del 2018, “la Municipalidad de Limón no había realizado las gestiones para la implementación del “Sistema Integrado de Compras Públicas”. 

Ante esta llamada de atención al gobierno local limonenses, DIARIO EXTRA intentó obtener la versión de sus autoridades, pero indicaron que no estaba las personas que podrían dar las explicaciones del caso, por lo cual no se referirían.

Esta no es la primera vez que este municipio se ve envuelto en señalamientos que dejan dudas, incluso el propio alcalde ha estado en el ojo de las autoridades. Este mismo año estuvo suspendido por 30 días hábiles sin goce de salario por hacer modificaciones en la contratación de profesionales para la remodelación del Mercado de Limón.

Además, la Fiscalía General de la República también le tiene varios expedientes abiertos por casos relacionados con el manejo de fondos públicos.

La Contraloría fue enfática al indicar que la Administración ha sido omisa en su responsabilidad y destaca que ya inició el proceso de investigación para determinar quién o quiénes son los responsables.