¿Cómo se resuelve la liquidación de una asociación solidarista?

La liquidación de una asociación solidarista exige recuperar inversiones, cobrar préstamos y determinar cuánto dinero queda disponible para devolver los ahorros de los trabajadores y los aportes patronales destinados a cesantía. Si los recursos resultan insuficientes, no se garantiza la devolución total.

La Ley N.º 6970 dispone que uno o varios liquidadores, nombrados por un juez civil, asuman la administración de la entidad, realicen un inventario de sus bienes y atiendan las deudas pendientes.

“En ese momento ya empieza una liquidación de los diferentes activos que tenga la Asociación Solidarista y eventualmente se empiezan a entregar conforme los compromisos que vaya a determinar ese liquidador”, explicó Fernando Zúñiga, presidente de la Confederación de Asociaciones Solidaristas (Conasol).

El artículo 56 contempla varias causas para disolver una asociación, entre ellas la decisión de más del 75% de los asociados, una orden judicial, la insolvencia o el cierre de la empresa a la que se encontraba vinculada.

La ley establece que el nombramiento de los liquidadores debe publicarse en La Gaceta para convocar a los acreedores. Según el artículo 63, los ahorros personales y los aportes patronales de los asociados tienen la primera prioridad de pago.

Zúñiga detalló que el cierre de empresas durante la pandemia provocó la liquidación de asociaciones que dejaron de recibir aportes patronales. El presidente de Conasol estima que se registraron cerca de 30 casos en 2020.

“Muchas asociaciones cerraron sus puertas. ¿Por qué? Porque el patrono automáticamente cerró sus puertas, dejó de trasladar dinero y hubo que entrar en una liquidación prácticamente de las asociaciones solidaristas No es un proceso bonito, pero ocurre”, señaló.

Otras situaciones registradas en el país también han generado presión sobre las finanzas de estas organizaciones. Zúñiga recordó que, durante la intervención de Coopeservidores, algunas asociaciones sufrieron pérdidas, aunque continuaron operando y utilizaron excedentes posteriores para recuperar los fondos.

“Enderezar ese rumbo a veces toma años, la gente pudo salir de ese bache, pero tenía un costo. En algunos casos implicó, para algunas asociaciones, no pagar excedentes uno o dos años seguidos”, agregó.

Garantía de los recursos

La prioridad legal de pago no constituye un seguro, según explicó el experto. Si el patrimonio recuperado resulta insuficiente, los afiliados podrían sufrir pérdidas. Los ahorros depositados en estas organizaciones tampoco cuentan con cobertura directa de un fondo de garantía de depósitos.

Sin embargo, la ley exige constituir un fondo de reserva para cesantía y devolución de ahorros, cuyo monto determina la asamblea. Además, las asociaciones deben mantener una reserva de liquidez del 15% sobre los aportes obreros y ahorros voluntarios, distinta de las reservas estatutarias destinadas a obligaciones patronales.

“Hay temas importantes en la ley. Se establece que, por ejemplo, el fondo de cesantía no debería de prestarse porque al final son fondos laborales y debemos de tenerlos disponibles. Muchas asociaciones tienen también una reserva legal, que son montos que se establecen en inversiones a corto plazo para responder”, manifestó Zúñiga.

Las asociaciones están exentas de supervisión prudencial de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) de julio de 2021. No obstante, mantienen obligaciones relacionadas con la reserva de liquidez y la prevención del lavado de dinero, cuando corresponda.

El control interno recae en la asamblea, la junta directiva y la fiscalía, mientras que el Ministerio de Trabajo vigila el cumplimiento de la ley y los estatutos.

Zúñiga considera que un esquema de supervisión prudencial implicaría costos difíciles de asumir para las organizaciones pequeñas. Por ello, Conasol promueve auditorías externas, capacitación de directivos y una reforma legal que incorpore reglas de gobierno corporativo y rendición de cuentas.

El artículo 44 de la Ley N.º 6970 establece la responsabilidad personal de los directores por sus actuaciones, salvo en el caso de quienes estuvieron ausentes o dejaron constancia de su oposición. Ante posibles irregularidades, las responsabilidades civiles y penales deben determinarse según los hechos y las pruebas.

“La junta directiva, por ley, es la responsable de la administración de los fondos. Y en eso hay responsabilidad legal. Hay responsabilidad civil y penal y uno responde con su propio peculio”, afirmó Zúñiga.

Según datos del Ministerio de Trabajo, al 26 de octubre de 2026, Costa Rica registraba 1.379 asociaciones solidaristas activas, con 417.975 trabajadores afiliados. Estas organizaciones administran cerca de ¢2 billones.

Fernando Zúñiga

Presidente de Conasol

“Lo más importante, me parece a mí, deben ser los mismos asociados los que deben estar vigilando que el uso de sus recursos esté siendo bien utilizado. Igual, la junta no debe esperarse a la asamblea para rendir cuentas, sino que está en la obligación de estar brindando información a sus asociados cada cierto tiempo”.