Hay que promover una cultura de la transparencia, para fomentar la lucha contra la corrupción y, de igual manera, promover la participación ciudadana. Estos son algunos retos urgentes que tiene la Administración Pública, lo cual viene a conducir a la consolidación de los procesos y procedimientos de la gestión pública que repercutirían en una mejor calidad de vida de la ciudadanía.
El propósito es orientar en la identificación de los riesgos de corrupción, relativos al proceso de gestión contractual, riesgos que a su vez están acompañados de posibles causas y consecuencias que pueden generarse con su materialización.
Así las cosas, los riesgos de corrupción están asociados directamente a debilidades institucionales, ausencia de controles en los procesos, falta de apertura de la información, carencia de rendición de cuentas e incumplimiento de las normas establecidas al respecto. Estos riesgos pueden manifestarse en escenarios de instituciones frágiles, ineficientes y con puntos de control vulnerables, debido a que dichos escenarios son propicios para la existencia de eventos, riesgos o hechos de corrupción.
En el ordenamiento jurídico costarricense, la ética encuentra sus raíces en el artículo 11 de la Constitución Política, el cual establece los principios de legalidad y eficiencia, como base para una rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos. La regulación dicta lo siguiente:
“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. […] La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes […]”.
Los principios mencionados se han materializado en diversas leyes que, sin hacer referencia directa a la ética, prescriben modos de actuación que deben regir la función pública, así como medidas para asegurar la gestión apegada a la ética. Tal es el caso de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (LCEIFP).
Asimismo, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR) se dispone la creación de la Procuraduría de la Ética Pública, la cual tiene entre sus funciones la de realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública.
*Contador Público Autorizado, Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica