Actualmente, los costarricenses que cotizan en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) solo pueden acceder a una pensión anticipada (antes de los 65 años) bajo dos condiciones: ser mujer o realizar el pago del monto pendiente en un solo tracto.
Esta medida aplica después de que entrara en vigor, en enero de 2024, la reforma al sistema de pensiones aprobado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Jaime Barrantes, Gerente de Pensiones, explicó a Diario Extra que una de las opciones es exclusiva para las trabajadoras con 403 cuotas, quienes pueden jubilarse a los 63 años.
Mientras que la otra se sustenta en el artículo 26 de la Ley de Protección al Trabajador, la cual establece una posibilidad de que las personas, si cancelan en un solo tracto o en un solo pago el costo restante, pueden anticipar su edad de retiro.
“Lo que pasa es que esta última alternativa es un poco costosa para el afiliado, pero digamos que a pesar de la reforma si esta se mantiene siempre vigente esta opción”, explicó.
Para una jubilación anticipada con esa normativa, los requisitos que se requieren son al menos 360 cuotas y pagar el costo actuarial del anticipo.
Quienes deseen obtener información más precisa respecto a los costos y demás detalles pueden ir a la oficina de la Caja, ubicada diagonal a la Corte Suprema de Justicia, en barrio González Lahmann.
¿Por qué no hay anticipada?
La junta directiva justificó, en diciembre de 2021, estos cambios para mejorar el IVM, lo cual es una preocupación que mantienen los costarricenses desde hace varios años.
Estos ajustes eliminaron la pensión anticipada para los hombres y en el caso de las mujeres aumentan la edad para disfrutar de este beneficio al pasar de 59 a 63 años.
Las modificaciones a los artículos 5, 23 y 24 del Reglamento de Pensiones se realizaron a pesar de las críticas, ya que la sostenibilidad enfrenta una compleja situación porque desde hace 10 años se comen las reservas.
Dichos cambios habrían levantado un polvorín de opiniones en contra, principalmente de los movimientos sindicales, que se opusieron a estos cambios.
Incluso, hablaron de elevar el caso a un litigio internacional porque pondría en jaque a las personas que les faltan al menos siete años para retirarse.
