¿Cómo funciona la pensión por consumo?

La propuesta de establecer una pensión por consumo volvió al debate público tras su inclusión en el documento de recomendaciones presentado por la Superintendencia de Pensiones (Supen) en el marco del Diálogo Nacional sobre el futuro del sistema previsional.

Este modelo sugiere que el monto de la jubilación esté ligado al nivel de consumo que cada trabajador registró durante su vida laboral. 

En esencia, busca que el ingreso en la vejez sea proporcional al estilo de vida mantenido mientras se formaba parte de la fuerza productiva.

“Su implementación dependerá de si se incorpora como un complemento o si sustituirá los esquemas actuales. Yo considero que debería iniciar como una opción adicional al IVM y al ROP”, explicó Javier Cascante, exsuperintendente de Pensiones.

La idea no es nueva. Ya ha sido aplicada en países como Perú, Brasil y México, y en Costa Rica se ha intentado legislar sobre el tema en dos ocasiones: en 2002, mediante un proyecto del exdiputado Walter Coto Molina, y en 2019, por iniciativa de la entonces legisladora Franggi Nicolás.

Según la propuesta, cada vez que un consumidor paga el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tres puntos porcentuales de ese tributo se redirigirían a una cuenta individual a nombre del trabajador, administrada por una entidad del sistema financiero nacional.

“En 2002 ya se mencionaba algo sobre este modelo, pero en ese momento lo prioritario era fortalecer el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), que apenas tenía uno o dos años de existencia”, recordó Cascante.

Pese a que el tema volvió a la agenda tras el diálogo liderado por Supen, el Ministerio de Hacienda se mantiene como el principal opositor a esta iniciativa.

“No estamos de acuerdo con una propuesta que implicaría reducir la recaudación tributaria del país”, advirtió el ministro Nogui Acosta.

Mesa de diálogo

La Supen coordinó varias mesas de diálogo con sectores sociales, entre ellos organizaciones gremiales y empresariales, gestores de los distintos fondos de pensiones, instituciones académicas y representantes de la sociedad civil.

Los receptores de las propuestas fueron Andrea Álvarez, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, y Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Otras propuestas

• Introducir una contribución especial a las empresas de zonas francas para financiar el sistema de pensiones.

• Aumentar la cantidad de cotizaciones a 360, lo que implicaría cinco años más de vida laboral para los costarricenses.

Javier Cascante – Exsuperintendente de Pensiones

“Me parece una idea interesante. Requiere contar con información precisa para hacer los cálculos, y eso no es sencillo. Sin embargo, si puede contribuir a mejorar las pensiones de las personas, deberíamos analizarla con seriedad y evaluar sus posibilidades”