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Una auditoría reveló que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuelita (CCDRA) realizó compras por ₡102,92 millones entre 2023 y 2024 sin seguir un procedimiento licitatorio, incumpliendo así principios básicos de transparencia y legalidad en el uso de fondos públicos.
El informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR), también señala deficiencias en el control de ingresos y en la entrega de donaciones.
Según el documento, “la gestión del Comité no cumple, en los aspectos significativos, con los criterios del marco normativo y técnico aplicable”, lo que afecta directamente su capacidad para fomentar el deporte y la recreación en el cantón.
Además, se identificó que en 3 de las 5 instalaciones bajo su administración no existen controles adecuados para la gestión de ingresos, lo que debilita la rendición de cuentas.
Otro hallazgo preocupante es que cerca del 66% de las donaciones de implementos deportivos fueron entregadas a personas físicas y organizaciones no autorizadas por el Código Municipal.
“Todavía es una tarea pendiente del Comité el definir las regulaciones para garantizar que las donaciones se destinen efectivamente al fin público pretendido”, advierte el informe.
En un cantón con altos niveles de vulnerabilidad social como Alajuelita, estas debilidades limitan el acceso equitativo a actividades deportivas y recreativas.
El informe recomienda una mayor coordinación con el gobierno local para fortalecer la planificación, el control y la ejecución de programas que promuevan estilos de vida saludables y desarrollo comunitario.
Tras la consulta de Diario Extra, el departamento de prensa de la Municipalidad de Alajuelita, quienes prefierieron no declarar sobre el tema.
“La Institución no se estará refiriendo al tema, en todo caso pueden hacer la consulta directa al presidente del Comité Cantonal de Deportes que es el que debe realizar las gestiones correspondientes para hacer los procedimientos según corresponda”, indicó el gobierno local.
Si bien los Cómites de Deportes cuentan con sus propias juntas directivas, estos reciben fondos de parte de los impuestos municipales y arcas de los gobiernos locales.