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En los últimos meses, las comisiones de la Asamblea Legislativa se han convertido en foco de roces entre diputados oficialistas y de oposición por diferencias que abarcan el uso de la palabra, la aplicación del Reglamento Legislativo y el rechazo de convocatorias a expertos y jerarcas de instituciones públicas, lo que muchas veces eclipsan los debates de fondo sobre proyectos o mociones.
Uno de los casos más recientes ocurrió en la Comisión Permanente Especial de Ambiente el 17 de setiembre, cuando el diputado oficialista Juan Manuel Quesada acusó a los legisladores Edgardo Araya y Claudia Dobles de obstaculizar la agenda de la comisión.
Kattia Benavides – Politóloga
“El equilibrio puede convertirse en uno de los temas centrales de gobernabilidad durante este cuatrienio para esta Asamblea Legislativa”
En respuesta, Araya y Dobles argumentaron que Quesada utilizó el reglamento de forma arbitraria en contra de sus opositores.
Ante este tipo de reclamos, representantes del oficialismo como los diputados José Miguel Villalobos y Gonzalo Ramírez, consideraron en algunas sesiones que agotar reiteradamente los minutos reglamentarios mediante la lectura de extensos textos elaborados por asesores, en lugar de debatir el fondo de los asuntos, desvirtúa la labor parlamentaria.
La politóloga Kattia Benavides consideró que, más allá de simples discusiones, lo que estos episodios muestran es cómo funcionará la relación entre la oposición y el oficialismo durante los próximos cuatro años.
“El oficialismo busca que sus mayorías se traduzcan en la capacidad de avanzar en la agenda y evitar lo que consideran mecanismos de obstrucción. La oposición, por su parte, necesita conservar las herramientas para fiscalizar, cuestionar, presentar mociones y modificar los proyectos”, refirió Benavides.
Otro de los elementos señalados por diputados de oposición está relacionado con el uso de la palabra en las comisiones.
En la sesión del 11 de junio de 2026 de la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público se discutieron mociones del oficialismo para archivar en bloque múltiples expedientes e investigaciones abiertas en la legislatura anterior, bajo el argumento del vencimiento de plazos y la necesidad de liberar la agenda.
Luego de reclamos de la diputada del Frente Amplio (FA), Sigrid Segura, el presidente de la comisión, Gonzalo Ramírez, interrumpió el debate y le indicó a la legisladora que la palabra “por el orden” era “una gentileza de la Presidencia”.
“El punto delicado está en establecer dónde termina el control político y dónde empieza la obstrucción. El riesgo es que cada decisión sobre el procedimiento termine interpretándose políticamente. Si a un diputado o diputada se le restringe el uso de la palabra, la pregunta ya no será solamente si la medida es reglamentariamente válida, sino si se está aplicando el mismo criterio para todos”, consideró Benavides.
La politóloga señaló que esta situación puede aumentar la confrontación entre las bancadas y trasladar el conflicto desde el contenido de las leyes hacia las reglas del juego, aunque advirtió que la velocidad de los trámites no necesariamente equivale a una mejor legislación.
“Porque, finalmente, la verdadera discusión no es quién habla más, sino quién tiene la capacidad de definir la agenda, quién puede modificarla y cuánto espacio existe para que una mayoría gobierne sin que una minoría deje de fiscalizar”, reafirmó.
Otro de los puntos cuestionados por legisladores de oposición está relacionado con la convocatoria de especialistas para analizar proyectos de ley y de jerarcas de instituciones públicas en el marco de investigaciones legislativas.
En ese sentido, se rechazó la convocatoria de expertos en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, presidida por el oficialista Gonzalo Ramírez, para analizar el paquete de proyectos de ley en materia de seguridad presentado por la presidenta de la República, Laura Fernández.
Gonzalo Ramírez – Diputado del PPSO
“Cada uno de los criterios que los expertos puedan tener los tenemos dentro de la comisión porque ya se les consultó por escrito”
Ramírez aseguró a Grupo Extra que el proceso se encuentra en etapa de estudio en subcomisiones y que se priorizaron las consultas por escrito.
“Es un tema de técnica legislativa. Nosotros hemos hecho las consultas por escrito a los expertos. Lo que no estamos votando es que los expertos vengan a la comisión, porque lo mismo que pueden decirnos en una sesión, pueden decírnoslo por escrito”, señaló Ramírez.
Por su parte, Segura aseguró a este medio que los diputados del PPSO no les explicaron los motivos por los cuales no están de acuerdo con llamar a comparecer a expertos, aunque afirmó que continuarán impulsando mociones con ese fin.
Sigrid Segura – Diputada del FA
“Se están brincando el uso del reglamento legislativo, que tiene rango constitucional. No están dejando que hagamos uso de la palabra por el orden”
“El pueblo de Costa Rica no sabe por qué no quieren consultar a expertos”, aseveró.
En ese mismo escenario, la semana pasada, en la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público también se rechazaron mociones relacionadas con una investigación sobre el contrato con Open English y con comparecencias de jerarcas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de CEN-CINAI.
“No pueden ser selectivas las investigaciones de esta Asamblea Legislativa”, consideró el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Eder Hernández.





