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Los legisladores de la Comisión de Reforma del Estado dictaminaron el proyecto de ley para cerrar Radiográfica Costarricense, S.A. (Racsa).
La propuesta fue respaldada por Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista-PLP), Francisco Nicolás, Danny Vargas Serrano, Andrea Álvarez (Liberación Nacional-PLN) y Carlos Felipe García (Unidad Social Cristiana-PUSC).
Algunos de los argumentos por los que los diputados aseguran que debe liquidarse Racsa es que “carece de un modelo de negocio propio” y además “arrastra pérdidas”.
“No tiene un modelo de negocio propio y subsiste porque cada cierto tiempo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) renuncia a atender ciertos segmentos del mercado para que Racsa lo haga en su lugar. Hay una doble estructura para atender al mercado.
La facturación del ICE es 10 veces más que la de Racsa; es decir, el ICE puede atender al sector empresarial. Esa institución solo sirve para hacer contrataciones directas, evitando los procesos de competencia en el mercado, y muchas veces no hace los trabajos, sino que subcontrata a un tercero”, expresó Feinzaig.
En contra votaron Paola Nájera y Daniel Vargas, ambos del partido de Gobierno. “Lo que ocurre en esta comisión es una barbaridad, acelera el trámite del proyecto. (Feinzaig) quiere cerrar instituciones sin importar lo que pase. Racsa es superavitario y además está enfocado en negocios diferentes al ICE”, manifestó Vargas.
Previo al dictamen, la Comisión escuchó a Mauricio Barrantes, gerente general de Racsa, y Marco Antonio Acuña, presidente ejecutivo del ICE.
Ambos aseguraron que cerrar Racsa implicaría afectar al país en materia de ingresos, infraestructura, conectividad e implementación de la tecnología 5G.
Los más afectados, según los funcionarios, serían el ICE y el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“En la actualidad la empresa está enfocada en infocomunicaciones, genera más de 1.000 empleos al Estado y estamos trabajando en temas que van más allá de telecomunicaciones.
Además genera ahorros al erario y es autosuficiente.
Más bien registra utilidades, excedentes y estamos en competencia con otras instituciones. Tiene altos niveles de transparencia y no acumula deudas”, expresó Barrantes.
“La operación de ambas empresas está coordinada. Racsa es parte de los activos del ICE, así que cualquier elemento que atente contra Radiográfica podría ser inconstitucional.
Genera mucho valor al ICE y podrían afectarse los negocios que tenemos a nivel internacional. Afectará operacionalmente”, secundó Acuña.
A partir de ahora el texto pasará al plenario legislativo.
En caso de aprobarse, se enviará de Casa Presidencial para convertirse en ley de la República.