Comercios no informan vigencia o precios anteriores en ofertas

Entre los principales incumplimientos por parte de los comercios, a la normativa que protege a los consumidores en casos de ofertas en supermercados, se encuentran que no informan el periodo de vigencia de la promoción, es decir, la fechas en que es validó el descuento. 

Este aspecto se detectó en el 71% de los casos fiscalizados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). 

En la mitad de las ofertas, no se incluía el precio anterior a la promoción junto con el monto que incluye la rebaja, de forma que los costarricenses puedan observar el beneficio económico. 

“Esta fiscalización es importante porque nos interesa asegurarle al consumidor tres aspectos principales: uno es la veracidad, es decir, que la información que le presentan en las ofertas del establecimiento sea real. En segundo lugar, claridad, que el contenido sea expuesto sin omitir información relevante y, tercer lugar, legibilidad, que haya una lectura fácil y adecuada del contenido de la información, no que sea en letras pequeñitas”, indicó Marco Arroyo, viceministro de la cartera. 

En el caso de productos “atados” o regalías, registraron 16 casos en que no se logra corroborar la veracidad de la información en la promoción. 

En otras promociones se identificó la existencia de restricciones, aunque no se lo informa de forma clara a los consumidores cuáles son. 

Algunos comercios mencionan que la oferta es con cantidades limitadas, aunque no informan las unidades disponibles y otros limitan las promociones a pagos en efectivo o Sinpe. 

“Hay muchas posibilidades del mercado para ofrecernos productos, pero para nosotros como consumidores, la plata nos cuesta y que sacarle el mayor rendimiento. 

Este tipo de verificaciones de veracidad en las ofertas es para fiscalizar que el ahorro que le ofrecen a los costarricenses se materialice”, Cynthia Zapata, directora de Apoyo al Consumidor. 

El Ministerio notificó a 15 comercios para que realicen las correcciones correspondientes, en caso de no atenderlas se presentará una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. 

Los establecimientos pueden recibir multas que van desde los ¢4 millones a los ¢18 millones.