Comercios accederían a “datos sensibles” tras medida de Hacienda

Presentar la cédula de identidad al momento de pagar la canasta básica podría convertirse en un requisito para que algunas personas accedan a una exoneración o reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sin embargo, especialistas advierten que la medida podría implicar la exposición de datos sensibles a comercios.

Ante este panorama, la propuesta que analiza el Ministerio de Hacienda podría derivar en prácticas ilegales, según advirtieron especialistas y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), quienes alertan sobre los riesgos de exponer información socioeconómica protegida por Ley.

La iniciativa surge tras el anuncio del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, de utilizar el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) para identificar, mediante la cédula, a quienes podrían recibir el beneficio tributario sobre productos de la canasta básica.

Chaves explicó que la intención es aprovechar las herramientas tecnológicas existentes para aplicar el beneficio de forma inmediata.

“La tecnología existe, nosotros tenemos el sistema Sinerube, donde toda la gente debajo de la línea de pobreza y en pobreza extrema están reportados. Simplemente con que presenten su cédula estamos trabajando el mecanismo para que se les quita el impuesto ahí, y queda registrada la transacción para trazabilidad”, afirmó el jerarca al medio Teletica.

La iniciativa implicaría modificar el esquema actual para que el beneficio se aplique directamente en la caja registradora, evitando procesos posteriores de devolución del impuesto.

Alertan sobre riesgos
para datos personales

Aunque la propuesta busca focalizar mejor los beneficios tributarios, especialistas advierten que el mecanismo podría entrar en conflicto con la legislación sobre protección de datos personales, según el nivel de información al que tengan acceso los comercios.

El exdirector de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), Mauricio Garro, aseguró que la condición socioeconómica forma parte de la información sensible protegida por la Ley N.° 8968 y cuestionó que empresas privadas puedan conocer ese tipo de datos.

“Si se realiza de esa forma, es decir, permitiendo a los supermercados que tengan conocimiento de la condición socioeconómica de las personas beneficiarias, eso implica el deber de consentimiento informado, porque está fuera del ámbito de la Administración Pública y además existe el riesgo de que esa información sea utilizada para fines de prospección y mercadeo. Si los supermercados tuvieran acceso a esa data sensible, eso contravendría los fines del Sinirube y también la Ley de Protección de Datos”, detalló Garro.

No obstante, el especialista aclaró que el escenario cambiaría si los comercios únicamente reciben un indicador que confirme si la persona califica o no para el beneficio, sin revelar su condición socioeconómica, aunque, según explicó, ello no podría hacerse únicamente mediante la cédula.

La preocupación también fue compartida por la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny Córdoba, quien recordó que la legislación vigente limita expresamente el intercambio de información del Sinirube.

En una respuesta a Grupo Extra señaló que “de conformidad con el artículo 3 de la Ley N.° 8968, la condición socioeconómica de las personas es un dato sensible. Asimismo, se impone el deber de confidencialidad sobre los datos personales sensibles”.

Córdoba además detalló que “los intercambios de datos del Sinirube solo proceden entre instituciones públicas que tengan convenio suscrito”, por lo que actualmente no se contempla compartir esa información con comercios privados.

Viceministro contradice a Chaves

El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, afirmó que la iniciativa aún se encuentra en análisis y que todavía no existe un proyecto de ley definido. Según indicó, el objetivo no es aumentar la recaudación, sino hacer el sistema tributario más progresivo y evitar que hogares de mayores ingresos reciban beneficios diseñados para quienes tienen menos recursos. “Estamos haciendo números, analizando mecanismos y viendo cómo no afectar a la clase media. No tenemos una propuesta concreta todavía. Lo que buscamos es que el beneficio llegue a quien realmente lo necesita y que, cuando una persona llegue a comprar, simplemente se identifique si puede recibirlo para aplicarle de inmediato la tarifa correspondiente”, explicó el funcionario.

Carvajal también rechazó que los establecimientos comerciales tengan acceso a la información socioeconómica de los consumidores.

“Nosotros no vamos a darle la información a los comercios; lo que vamos a decir es simplemente si una persona puede recibir el beneficio o no. En el sistema de facturación se va a aplicar inmediatamente”, sostuvo el viceministro.

La propuesta de aplicar un impuesto diferenciado a la canasta básica según el ingreso de los hogares forma parte de un paquete de reformas que impulsa el Ministerio de Hacienda.

Mauricio Garro

Exdirector Prodhad

“Que un comercio pueda ver los beneficios que le da el Estado a una persona efectivamente estaría violando no solo los propósitos de la propia Ley del Sinerube, sino también la Ley de protección de datos”.

¿Qué incluye la canasta básica en C.R.?

La Canasta Básica Tributaria (CBT) de Costa Rica incluye 258 alimentos esenciales agrupados en 14 categorías principales. Estos productos se seleccionan según el consumo real de la población de menores ingresos y tienen un impuesto preferencial del 1% de IVA.

Dentro de los alimentos se encuentran carnes, lácteos, artículos de limpieza y útiles escolares.